El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará en la mañana o al mediodía de hoy (tiene de plazo hasta las 15:00 horas) su anunciada contradenuncia por el caso Las Teresitas, con la que no solo rechazará la pretensión de los promotores de la frustrada y polémica urbanización prevista en su momento, Antonio Plasencia e Ignacio González, de recibir 116 millones por lucro cesante, sino que reclamará a la compañía Inversiones Las Teresitas el dinero que le abonó el ayuntamiento (52 millones) y los intereses, lo que puede elevar la cifra a unos 56.

Así lo confirmaron ayer a EL DÍA fuentes del gobierno (CC-PSC), que se limitaron a señalar que la denuncia se presentará hoy, después de que los anuncios iniciales indicaran que se llevaría al juzgado ayer, día 22.

Durante toda la mañana, las especulaciones crecieron sobre si se presentaría ayer u hoy. Al final, se ha optado por retrasarlo hasta esta jornada, con lo que se apurará hasta el final el plazo otorgado, incluso utilizándose el día de gracia que suele concederse.

El hermetismo fue la tónica predominante en las filas del gobierno durante la jornada de ayer, pero este retraso en la presentación del escrito obedece a una estrategia de máximo sigilo, cautela y omisión de datos para evitar dar ventajas y pistas a la otra parte, decisión respaldada por el resto de grupos, principalmente por Sí se Puede, Socialistas por Tenerife y Ciudadanos. De hecho, diversas fuentes recalcaron ayer a este periódico que se trata de una cuestión muy compleja y que, en aras del interés general, que el alcalde y el resto del gobierno dicen defender en este caso sin ninguna ambigüedad o dudas, no convienen las filtraciones o datos que puedan ser utilizados por los abogados de los empresarios en su beneficio.

Toda la estrategia jurídica municipal la ha dirigido el primer teniente de alcalde, Julio Pérez (PSC), que ayer se reunió con el máximo mandatario, José Manuel Bermúdez, y el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, para este y otros asuntos, como las vallas publicitarias y los feriantes.

El gabinete de prensa remitió ayer a este medio a lo que digan hoy tanto Bermúdez como Pérez, si bien sí confirmó la presentación de la denuncia.

Esta estrategia de cautela ya quedó evidenciada durante la comisión de control al gobierno del pasado día 3 de noviembre, cuando Martín, a preguntas de José Manuel Corrales, prefirió no dar casi detalles del contenido de la contradenuncia, "entre otras cosas para no enseñar la patita", lo que logró el acuerdo de la oposición, aunque con un intrigante silencio por parte del PP, que siempre ha indicado que, sobre este caso, hay que esperar a todas las resoluciones judiciales, tanto las iniciales como las referidas a posteriores y posibles recursos.

Tras el anuncio, el pasado 27 de octubre, por parte de Plasencia de que habían presentado una denuncia para reclamar casi 116 millones de euros por no poder urbanizar en Las Teresitas, el gobierno fue muy contundente. Bermúdez indicó que el equipo jurídico local trabajaba desde hacía tiempo en una "contrarreclamación para batallar en defensa del interés general". El alcalde teme un proceso judicial lento, aludió ese día a 56 millones a reclamar por parte municipal y dijo que el pacto local tenía claro que exigiría la devolución del dinero público abonado. Martín fue más duro y ejemplificó la situación con la compra de un traje y la exigencia del comprador de quedarse con el artículo y el dinero pagado.