La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) instructora del llamado caso Las Teresitas, Carla Bellini, ha decretado el levantamiento del secreto sumarial que pesaba sobre el citado proceso judicial. La jueza, a través de una providencia notificada el pasado jueves, ordenó la remisión al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas (15 querellados y tres querellantes) la totalidad de las actuaciones, tanto las diligencias previas como las piezas separadas que han venido surgiendo a lo largo del proceso.

A partir de ahora, se abrirá un plazo, que expirará el 28 de mayo de 2012, para que las partes recurran el proceso si así lo estiman conveniente. Este plazo de cinco meses, extraordinariamente largo, se debe a la ingente cantidad de información que ahora se desclasifica y que los abogados de las partes tendrán que analizar.

Tras seis años desde la presentación de la denuncia inicial por parte del colectivo Ínsula Viable, a cuyo frente estaba el hoy concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSC), y cinco años desde que la fiscal Anticorrupción, María Farnés, elevara una denuncia ante la supuestamente fraudulenta compraventa del frente de playa de Las Teresitas y que derivó en la anulación de la operación por el Tribunal Supremo en 2007, el proceso judicial se ha nutrido de 36 cintas de documentación bancaria, 76 cintas de declaraciones de imputados y testigos o 18 cintas de conversaciones telefónicas intervenidas, entre otros documentos.

Precisamente, entre las conversaciones telefónicas que ahora se desvelan se encuentran algunas nunca antes conocidas como las que la Policía Judicial efectuó sobre el presidente de CajaCanarias, Álvaro Arvelo; su antecesor en el cargo, Rodolfo Núñez, y Nicolás Álvarez, miembro integrante del consejo de administración de la entidad financiera.

Según se desprende de esta parte de la investigación se buscaban posibles delitos penales ante el papel que jugó CajaCanarias en la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas, ya que la entidad financiera concedió, pese a las reservas iniciales de sus técnicos, un préstamo a Inversiones Las Teresitas (empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González, quien, además, era miembro del consejo de administración de la entidad bancaria).

La investigación se habría centrado en la razón por la que Felipe Manuel Armas Jerónimo (otro de los imputados) apareció como representante de la sociedad a la que CajaCanarias concedió un crédito de 33 millones de euros para la compra de los terrenos de la playa santacrucera a la Junta de Compensación. Sin embargo, debido a que no aparecieron indicios suficientes de delito no se continuó con el mantenimiento del secreto de esta parte del sumario.

Asimismo, y coincidiendo con el levantamiento del secreto sumarial, se sabe ahora que la jueza también retiró, provisionalmente, la imputación por un supuesto delito de blanqueo de capitales que recaía sobre los periodistas Lucas Fernández y Jorge Bethencourt.

Cabe recordar que la génesis del caso Las Teresitas se fundamenta en las supuestas plusvalías de más de cien millones de euros por la compra realizada, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, del frente de playa a Inversiones Las Teresitas por un importe de 52 millones de euros.