Más tranquilo y pausado tras unos meses frenéticos por la reestructuración municipal y, sobre todo, por la elaboración de sus primeros presupuestos, el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Alberto Bernabé (CC), tiene tiempo ahora para ahondar en las "incoherencias" en las que, a su juicio, ha incurrido el PP al enjuiciar su proyecto económico. El edil nacionalista cree que la subida de impuestos decidida pocos días después por el Gobierno de Rajoy aniquila las tesis esgrimidas por Cristina Tavío y Alexis Oliva para criticar con dureza las cuentas locales, "entre otras cosas porque nos censuraron con gran hostilidad y un discurso apocalíptico que subiéramos el IBI por debajo del IPC, unos 50 céntimos, cuando ellos, ahora, lo hacen 5 veces más. Rajoy ha vuelto incoherente el discurso del PP local sobre tasas".

Bernabé considera que las razones dadas por los conservadores a escala nacional para su viraje no resultan muy creíbles, "ya que tenían conocimiento de la situación general desde hace tiempo y porque esos dos puntos del déficit, del 6 al 8%, no explican ese cambio". Es más, sostiene que muchos votantes del PP en las últimas elecciones pueden sentirse ahora, con razón, engañados, dado que, hasta hace pocas semanas, Rajoy decía que no se subirían los impuestos".

Además, insiste en sus reproches al discurso económico del PP local por entenderlo incongruente al tratarse de un partido "que ha cogobernado la ciudad durante 16 años y del que dependieron los presupuestos en los últimos cuatro ejercicios". Unas cuentas que, según recalca y respecto a las de 2011, tuvieron un desequilibrio inicial de 12 millones por no ser contabilizados, aparte de "gastar lo que no se tenía en los tres años de crisis". "Un gran error que CC ha intentado rectificar ya, pero que el PP no asume".

Respecto a la situación de las arcas, dice que están mejor que cuando el nuevo gobierno tomó posesión y que, "aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas, trataremos de salir de esta sin necesidad de ayuda". Según explica, la deuda con los bancos es "apenas del 39%, cuando el tope es del 110%. Por eso, nos gustaría deber más a los bancos que a los proveedores. Espero, y así se lo pediremos, que el Estado nos deje deber 10 si estamos devolviendo 10 o, por lo menos, que nos deje endeudarnos en 5 y podamos dedicar otros 5 millones a la deuda. Incluso, plantearemos como tercera opción que nos permitan suavizar la devolución de créditos en 5 o 6 años, de manera que, en vez de pagar 40 millones hasta 2014 (la deuda quedará en un tercio en 2015 si no se cambian los plazos), podamos hacerlo de forma más pausada y dedicar 20 millones a los proveedores".

Sobre la deuda con estas empresas, destaca que, en seis meses, la hayan rebajado en unos 10 millones, situándose ahora en 52. Asimismo, espera que, a finales de 2012, puedan haber alcanzado acuerdos con, al menos, el 50% para pagar lo pendiente en varios años sin intereses de demora u otras penalizaciones. Así -resalta-, damos más garantías porque los pagos estarían presupuestados", si bien matiza que algunas facturas no podrán reconocerse por estar pendiente de juicios o por falta de consenso. "Eso sí, no le hemos dado la espalda a nadie", remarca.

El concejal admite que la situación es "mediocre y delicada" y que, por ello, los presupuestos tienen muy poco margen. De todos modos, asegura que todo "progresa adecuadamente, aunque a un ritmo más lento del que esperábamos"; que en un mes comenzará a explicar al resto de grupos las líneas maestras del plan económico y financiero para lograr el equilibrio en 2015, que el PGO se aprobará en el primer trimestre y que eso será clave para sacar a subasta un paquete de bienes locales en busca de más ingresos, aún por decidir entre diversos departamentos.

Bernabé echa en falta "más responsabilidad institucional" del PP, les reprocha que solo creen "alarmismo y depresión colectiva", así como que nunca le hayan llamado para reunirse. Insiste en que ha elaborado unas cuentas "honestas" y que intentarán mejorar la recaudación para superar, como mínimo, el 77% y no volver a ser penalizados con 760.000 euros.