La Plataforma en contra del PGO de Santa Cruz y vecinos de la zona de Las Huertas, en San Andrés, se reunieron recientemente con el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín, para exigirle que ponga fin a las actuaciones que siguen desarrollándose en el entorno del barranco de esta zona al considerar que son ilegales. El edil, en declaraciones a EL DÍA, lo niega y subraya que han precintado los trabajos que no contaban con el debido permiso, aunque advierte de que, de constatar que existen otras obras irregulares, intervendrán de la misma forma.

La entidad vecinal entiende que el incumplimiento de la normativa es claro, sobre todo por el estrechamiento del cauce del barranco y las obras del puente y el entorno. Por eso, insiste en que el ayuntamiento ha de seguir siendo riguroso con estas actuaciones e intervenir con urgencia para frenar lo que entiende como una actuación claramente irregular.

En una línea similar se manifestó ayer el concejal de Por Tenerife, José Manuel Corrales, quien pidió al grupo de gobierno "una solución a la problemática de los vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, ya que todas las obras que se están realizando en la zona son de dudosa legalidad".

Este edil insiste en que dichas actuaciones "deben adecuarse al planeamiento vigente, restableciendo la legalidad y protegiendo los legítimos derechos de los vecinos". Por eso, pregunta a la Gerencia de Urbanismo "con qué permisos Desurcic, Mapfre y Acciona siguen trabajando en las obras de esta zona". Además, se cuestiona si el gobierno municipal "cumplirá el compromiso de paralizar definitivamente los trabajos por su ilegalidad e iniciará el procedimiento adecuado para la demolición de lo ilegalmente construido".

En línea con la plataforma, el concejal ecosocialista lamenta que los vecinos de Las Huertas "hayan tenido que soportar el acoso inmisericorde y continuado de los empresarios del pelotazo de Las Teresitas, que siempre han contado con la complicidad del anterior alcalde y su gobierno". Asimismo, cree que el actual equipo gobernante, a pesar de la reclamación de devolución de 75 millones, "no se atreve a tocar sus intereses".

Corrales tiene claro que los trabajos que Desurcic realiza en el barranco "también son manifiestamente ilegales, pues son diferentes al Plan, se ha cambiado el cauce y lo han estrechado notoriamente". Según insiste, dichas compañías "siguen trabajando en esa zona cuando se trata de obras absolutamente ilegales, razón por la cual reclamará en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo que el alcalde y el concejal del área tomen cartas en el asunto y cumplan el compromiso de hacer cumplir la Ley, de tal forma que ciertos empresarios no se consideren impunes y que los vecinos comprueben que el ayuntamiento está de su parte".

Tala de árboles

Aparte del estrechamiento del barranco, la plataforma y este edil censuran también la tala de los árboles de Montaña Morera. Para corrales, el Plan General de Ordenación en revisión ha de recoger "una solución aceptable a esta problemática, de forma que no se premie a quienes, sintiéndose impunes, puedan actuar al margen de la Ley con el consentimiento del gobierno municipal de turno".