La aplicación en Santa Cruz de Tenerife de la denominada directiva Bolkestein, que intenta agilizar al máximo la apertura de empresas inocuas en la UE para dinamizar la economía, ha resultado un rotundo éxito a tenor de los primeros datos oficiales aportados por el área local de Urbanismo. El concejal del departamento, José Ángel Martín (PSC), indicó ayer a EL DÍA que, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre pasados, un total de 91 proyectos empresariales obtuvieron licencia de los 106 que se presentaron en el consistorio, lo que supone un 85%, porcentaje que contrasta de forma muy positiva respecto al 50% que se logró en el mismo trimestre de 2010.
La directiva incluye la llamada declaración responsable, por la que el empresario se compromete a cumplir con las condiciones del proyecto que presenta y del permiso que se le otorga, cumplimiento que será verificado luego por los técnicos locales. Lo más importante de ese aumento considerable en la proporción de iniciativas respaldadas es que, en su mayoría, los futuros empresarios logran el permiso el mismo día que lo piden y plantean su proyecto, uno de los objetivos básicos de la iniciativa.
Esta evidente mejoría se traduce en que, frente a la media de 174 días de tardanza para obtener las licencias que existía hasta ahora, desde la aplicación de la directiva en la ciudad se ha bajado a, como mínimo, 90, si bien aún no se ha calculado en concreción, ya que, al darse muchas casi sobre la marcha, la reducción resulta en muchos casos espectacular.
Además, los 14 proyectos restantes que aún no han obtenido el permiso municipal durante ese trimestre no han sido rechazados, sino que están pendientes de los beneplácitos de otras administraciones.
Durante el mismo periodo de 2010, el consistorio otorgó 68 permisos de los 135 proyectos presentados. Después de ese trimestre, un total de 23 lograron la licencia (un 17%), mientras que 44 quedaron a expensas de otros organismos, de informes sectoriales u otras cuestiones.
Martín destaca estos resultados y cree que ha quedado probado el acierto y el éxito de la aplicación de esta directiva para acelerar al máximo los plazos y la entrega de licencias en plena crisis.