Una escuela taller reformará la santacrucera casa Siliuto, elegida desde hace años por el Cabildo insular como futura sede de la Casa de la Juventud de Tenerife. Así lo acordó el pleno capitalino tras respaldar por unanimidad una moción del concejal Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) que planteaba la presentación ante el Servicio canario de Empleo de una casa de oficios con este fin antes de que concluyera el presente mes de enero.
Guigou se hacía eco de las peticiones de las distintas asociaciones de vecinos de El Toscal, donde se ubica este inmueble, y que habían localizado el pasado 17 de noviembre una resolución del SCE sobre escuelas taller y casas de oficio.
Esta convocatoria obliga al ayuntamiento a prever una partida presupuestaria y un proyecto redactado. Lo primero también se confirmó en el último pleno, al tenerse en cuenta precisamente la alegación a las cuentas de 2012 presentada por dichas entidades vecinales para incluir dinero para la reforma de la casa Siliuto. En concreto, se ha modificado el proyecto económico para añadir 10.000 euros, cantidad que, aunque "simbólica", según Guigou, sí permitirá hacer realidad el comienzo de unas anheladas obras tras muchos años de espera.
Así lo puso de relieve el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, quien no cree que se trate de una partida "tan simbólica", aparte de indicar que permitirá también intervenir en el cementerio de San Rafael y San Jorge y en la casa Mascareño.
La casa Siliuto también fue evocada en otra parte de la sesión por el portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, quien usó la polémica en torno a su tasación por la mitad de lo pagado para ejemplificar la "falta de rigor" y "corrupción que ha caracterizado al ayuntamiento desde hace años, cuyo culmen es la operación de Las Teresitas, pero que comenzó con la ciudad juvenil de los años 80. Cada vez que se levanta una piedra, aquí aparece un caso de corrupción", indicó.
Viera y Clavijo
Por otro lado, el gobierno local aclaró ayer que la moción aprobada para reclamarle a la Comunidad que cumpla con el convenio respecto al parque Viera y Clavijo y el teatro Pérez Minik fue enmendada previamente por el área de Cultura, ampliando el plazo de tres meses planteado por el grupo proponente (PP) a un año. Pasado ese tiempo, el gobierno sí tomará las medidas judiciales que entienda convenientes ante el retraso e incumplimiento del acuerdo firmado en 2004 y ampliado en 2006.