Una reunión de casi tres horas (desde las 16:00 hasta las 19:45) permitió en la tarde de ayer arrojar un poco más de luz sobre los trabajos que desarrolla desde este mandato la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz para elaborar lo antes posible un catálogo con todos los edificios "fuera de ordenación" de la ciudad y las posibles soluciones en cada caso. Según fuentes consultadas por EL DÍA, esta afección, que marcó el mandato anterior y ha desatado una gran polémica, puede ser más grave de lo que se temía y afectar a casi la mitad de la población del municipio, superándose las 100.000 personas.

Según esas fuentes, y tal y como se difundió ayer al resto de partidos, se han elaborado hasta ahora un total de 10.110 fichas de inmuebles (edificios o viviendas por separado) con esa catalogación. Una cifra muy alta que se traduce en que casi la mitad podría sufrir esa situación, si se confirman los datos facilitados a EL DÍA. En la actualidad, en esta labor trabajan entre 8 y 10 técnicos locales.

A la reunión de ayer asistió el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, y la portavoz de CC, Carmen Delia González, que estuvieron acompañados de varios técnicos. Además, acudió la líder del PP, Cristina Tavío, la edil conservadora especialista en este ámbito, Ana Zurita, y los miembros del Grupo Mixto Pedro Arcila (SSP), José Manuel Corrales (Por Tenerife) y Guillermo Guigou (Ciudadanos).

El gobierno local se comprometió a difundir, desde el próximo 7 de marzo, el alcance real del "fuera de ordenación" y las posibles soluciones. Aunque Tavío insistió en que se ha de reformar el artículo 34 de la ley regional para poder solventar este conflicto, el gobierno y los técnicos aún confían en resolver buena parte de los casos (un 80%), tal y como ya han dicho, dentro del PGO y con varias figuras compensatorias, como modificar usos de inmuebles o reestructurando ámbitos.

Lo que sí quedó claro ayer es que el gobierno, en cumplimiento del compromiso suscrito en el pacto, no llevará a pleno el PGO hasta no disponer del catálogo del "fuera de ordenación" y darle un plazo a los vecinos para conocer su situación concreta. El resto de cambios planteados por CC y PSOE en el PGO quedarán a expensas del trabajo que esto dé, si bien podrían quedar en suspenso y ser abordados a posteriori.

A preguntas del PP, también se insistió ayer en que la fecha dada por la Cotmac para aprobar el PGO expira el 23 de junio, con lo que, hasta entonces, el gobierno se da de plazo para llevarlo a pleno, aunque lo más probable es que no pueda cumplir su previsión de hacerlo durante el primer trimestre de este año, lo que sigue levantando críticas de los populares.

Tras la cita, el gobierno remitió una nota en la que se resalta que el proyecto ha entrado en su fase final. Además, subraya que, en este tiempo, se han resuelto los 45 reparos planteados por la Cotmac, más complejos de lo indicado inicialmente, y se han analizado situaciones como la de Las Huertas o la Zona de Actividades Logísticas.