El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado 3 de este mes un decreto por el que se endurece el control y las sanciones contra los vecinos que no mantienen un comportamiento cívico con el resto de conciudadanos y la administración en la calle y lugares públicos. El gobierno local opta así por modificar la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno con el fin de lograr una ciudad mucho más limpia, ordenada y respetuosa con el bien común.

El decreto alude a otras ordenanzas, como la de uso y vertido a la red de alcantarillado, la de protección y tenencia de animales, la de vehículos abandonados y la de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos urbanos, que también se han endurecido en gran parte de su contenido.

Sin embargo, en esta ocasión se hace especial mención a los vecinos cuyo comportamiento "no siempre es respetuoso con las invocadas reglas del juego, manifestándose conductas incívicas". Entre ellas, se alude al "incumplimiento de horarios de depósito de las basuras y residuos y depósitos de éstos en lugares incorrectos, arrojar papeles y colillas a la vía pública o a zonas ajardinadas, miccionar en la vía pública, dañar los bienes y el mobiliario urbano mediante pintadas, incendio o roturas". Asimismo, se especifica como sancionable la falta de limpieza en solares privados.

La crisis lo agrava

En su decreto, el máximo mandatario alerta de que estos comportamientos son aún más graves en períodos de crisis económica como el actual, cuando "los servicios municipales no pueden dar abasto para reparar con la debida celeridad todos los daños derivados de este tipo de malas conductas, puesto que no pueden plantearse incrementos de recursos económicos para esa finalidad".

Por eso, y "en un ejercicio de responsabilidad, en defensa del interés público y de práctica de buen gobierno", se opta por "potenciar no solo la función de policía en orden a la identificación de los infractores y endurecer las multas y sanciones correspondientes, sino, también, la función a ejercer, mediante los servicios municipales competentes, la difusión, divulgación y sensibilización entre la ciudadanía". Así, se aboga por campañas que recalcan la necesidad de cuidar el entorno y mantener limpios y en buen estado de conservación los bienes públicos de la ciudad en aras no solo del ornato, sino "por la propia salud y bienestar de los vecinos".

Estas campañas las llevarán a cabo los departamentos encargados de los servicios públicos y de medio ambiente, haciendo especial hincapié en la ordenanza modificada y en las antes citadas.

Además, el alcalde capitalino da orden a la Policía Local de priorizar la identificación de las conductas ciudadanas que pudieran suponer una infracción de la normativa, de las personas que las cometen y de denunciar estos hechos ante las áreas competentes para que se abra el correspondiente procedimiento sancionador en cada caso.

Ante esos expedientes, y según el nuevo decreto, los órganos superiores de la administración local también deberán "priorizar en la adopción de las medidas oportunas en orden a que, teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual, las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible". En esta línea, se insta a "priorizar también el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiera lugar".

El decreto concluye con la petición a los servicios competentes de que afronten con la mayor celeridad posible el estudio, simplificación y actualización de la ordenanza en busca de una "regulación más homogénea y para "endurecer" las sanciones dentro de la ley.