El refrán sentencia que rectificar es de sabios y eso es lo que ha pretendido el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), con un nuevo decreto que modifica la disposición segunda y tercera del firmado el pasado 3 de febrero para endurecer las sanciones por incivismo en la calle. El pasado lunes, el máximo mandatario dictó un nuevo decreto que deja clara la "independencia funcionarial y de criterio" del personal encargado de imponer las multas, con lo que elimina su invitación en el anterior texto a que se fijen las sanciones más altas posibles en pro de una ciudad más limpia y respetuosa, al tiempo que se evitaban mayores gastos del consistorio a la hora de rectificar daños y se ingresaba más dinero en plena crisis económica.

El nuevo decreto alude al artículo 134.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones, que reconoce que, en los procedimientos sancionadores, se aplicará el principio de proporcionalidad previsto en el artículo l31 de esa ley. Así, queda explicitado que "las propuestas de sanción deberán ser graduadas atendiendo a la exacta calificación de la infracción según los hechos probados en el expediente, con el rigor legal exigible, para que la potestad sancionadora se ejerza atendiendo a la estricta función de corrección que implica".

En su primer decreto, Bermúdez había indicado que "los órganos superiores de los servicios municipales competentes (...) priorizarán en la adopción de las medidas oportunas en orden a que, teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual invocada en los antecedentes de este decreto, las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible. Asimismo, priorizarán potenciar el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar."

Por estos contenidos y otros, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) había recurrido el decreto. Tras difundir ayer el cambio, esta central concibe la rectificación como "un reconocimiento de que teníamos razón, algo que el alcalde negó en algún medio". De hecho, el sindicato recuerda que, "recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de un decretazo similar de Alberto Ruiz Gallardón en la etapa en que era alcalde de Madrid, que deja a este ayuntamiento en una compleja situación jurídica, ya que deberá devolver el importe de las sanciones de tráfico impuestas sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad".

El Sepca se congratula de que Bermúdez se haya "adelantado al resultado de los recursos y requerimientos interpuestos y, aunque no reconozca su error públicamente ni haya aceptado reunirse con la Junta de Personal, se ha restablecido la seguridad jurídica de los funcionarios instructores de expedientes sancionadores, dado que cumplir el decreto del 3 de febrero podría suponer una falta grave y no cumplirlo, también".

versión oficial

"Rigor" en vez de "priorizar"

El alcalde emitió ayer una nota que usa el verbo "aclarar" para referirse a los "términos del decreto". Según explica, sobre las disposiciones segunda y tercera "se han producido interpretaciones" (como la del edil y abogado de SSP, Pedro Arcila) que, según subraya Bermúdez, "hacen necesario dictar este nuevo decreto para aclarar el sentido y alcance de las instrucciones dictadas (...), cuyo principal objeto pasa por interesar a los diferentes servicios municipales el cumplimiento estricto de las ordenanzas para mantener el adecuado orden, ornato y limpieza, además de la conservación del patrimonio (...) público". Se matiza que no se pide que la Policía priorice las tareas de identificación de infracciones y a sus autores, sino que se actúe con "rigor". El alcalde deja clara, a su vez, "la necesidad de preservar la independencia funcional de los instructores de los expedientes sancionadores y la aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones a imponer". También se pide que se evite la caducidad de los expedientes y se recalca que se quiere evitar interpretaciones "incorrectas".