El Juzgado de Instrucción número cuatro ha iniciado la instrucción de un caso por presunta prevaricación y acoso laboral de los responsables de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a una funcionaria del Centro Municipal de la Mujer.

La semana pasada, la titular del Juzgado interrogó a la directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Nieves Pérez Marichal, como imputada por un presunto caso de prevaricación y de mobbing a una trabajadora de la Casa Municipal de la Mujer.

Sobre este caso ya se pronunció en una sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro el 29 de abril de 2010, que dejó sin efecto una resolución administrativa que imponía a la demandante una comisión de servicios que ella no había pedido.

Todo comenzó en 2006, cuando salió a concurso una plaza de técnica responsable del Centro Municipal de la Mujer que había sido ocupada hasta entonces por una funcionaria interina. La sentencia da por probado que se produjo un "vaciamiento de funciones inherentes" al puesto de la funcionaria de carrera en favor de la interina.

La situación llegó a su punto álgido cuando por decreto "se decide dar a la funcionaria de carrera una comisión de servicios no pedida para atribuirle funciones temporales en otro servicio". Decreto que la sentencia obliga a dejar sin efecto, ya que la ley "prevé que las comisiones de servicio sean voluntarias y en este caso ha resultado impuesta a una funcionaria de carrera".

Sin embargo, según la denuncia presentada a la Fiscalía por la afectada, desde el mes de julio de 2007 se ha llevado a cabo "un vaciado progresivo" de las tareas de la funcionaria, que recayeron en la interina "que ocupaba la plaza" de la denunciante con anterioridad. "La presión psicológica derivada del mal ambiente de trabajo constituye un claro acoso moral", según establece la denuncia a la Fiscalía.

Por su parte, los delegados de prevención remitieron un informe a la Fiscalía en la que daban cuenta de los "tres informes-propuestas" en los que figura la presunta situación de acoso laboral sufrida por la funcionaria denunciante. Asimismo, también remitieron hasta tres actas del Comité de Seguridad e Higiene en las que figuraban las peticiones "obviadas por la presidenta y directora general del servicio de Recursos Humanos".

Subrayan que la tercera de estas actas corresponde a una sesión extraordinaria en la que los delegados de prevención ponen "en conocimiento de la administración la grave situación existente".

Sin embargo, también aseguraron que la directora general del servicio de Recursos Humanos "se ha negado a aplicar" el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso laboral "por tener dudas sobre si debe ser sometido a aprobación por la Junta de Gobierno Local o por el Pleno del Ayuntamiento". Marichal "se negó a incoar un expediente reservado para delimitar presuntas responsabilidades, que supliera a su negativa de activar el protocolo citado, ejerciendo su voto de calidad al producirse un empate en la votación del órgano colegiado", según afirmaron los delegados de prevención en dicho informe.

Además, apostillaron que la funcionaria denunciante "vincula un recrudecimiento de su situación de acoso laboral al negarse a cambiar un informe técnico para una Mesa de Valoración que beneficiara a una empresa denominada Innova".

También dan parte de una serie de "registros indiscriminados en sus enseres personales" por parte de la vigilante de seguridad. Al parecer, tanto la denunciante como las dos personas que tenía a su cargo es requerida a la entrada y la salida para mostrar el contenido de su bolso.

"Los controles de presencia y registros realizados por la vigilante jurado del Palacete de Cobiella exceden con creces los de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores y pudieran vulnerar disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada".

"A fecha de hoy no nos consta que haya cesado la presunta situación de acoso laboral", apostillaron.

Uno de los delegado de prevención quiso hacer una declaración adicional en la que señalaba que la funcionaria supuestamente acosada estaba en tratamiento médico por depresión y que había incluso manifestado su intención de renunciar a su plaza.

Además de la directora general de Recursos Humanos, también están imputados María del Cristo Díaz Méndez, directora general de Planificación Ciudadana y Mujer, y Miguel Ángel García de León, jefe de Recursos Humanos, su subordinado, según informó Canariasahora.