Una de las iniciativas de carácter social en la que más empeño ha puesto el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, desde su llegada al poder está a punto de verse desbloqueada, según anuncia el edil de Hacienda y Patrimonio, Alberto Bernabé (CC). El consistorio prevé registrar como propios y escriturar durante este año unos 2.000 inmuebles que, hasta ahora, forman parte del Patronato de la Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria, con el fin de ofrecérselos en venta a sus actuales inquilinos o usuarios a precios sociales, en línea con los alquileres que pagan desde hace años.

Se trata de 816 viviendas de protección de Santa Clara, 300 de San Pío, 40 de Somosierra y 20 de San Ignacio, así como 562 garajes y 56 locales comerciales del primer núcleo citado.

Tras un dilatado proceso, se confía en que, a corto plazo, se pueda proceder a la liquidación de dicha Sociedad por entenderse que la Comisión Liquidadora constituida a tal efecto ya ha cumplido su finalidad. Esto permitirá que, en lo que queda de año, según las previsiones de Bernabé, el ayuntamiento trate de llevar estos inmuebles a Notaría y Registro para escriturarlos como propios. Para ello, el gobierno local espera que sea suficiente el dinero que quedará tras la liquidación, aunque, de no ser así, no dudará en aprobar alguna modificación presupuestaria, pues se le da prioridad al fin social de esta iniciativa.

Las viviendas más antiguas de las contempladas en este plan de adquisición y posterior enajenación de bienes municipales tienen unos quince años. En la actualidad, sus inquilinos, familias de muy escasos recursos, apenas pagan de alquiler entre 8 y 13 euros por las casas, mientras que los garajes sí están más actualizados y cuestan 30 euros al mes. La intención del equipo gobernante pasa por acordar con las entidades bancarias que sea posible créditos muy blandos que permitan que estos usuarios actuales puedan adquirir, si así lo desean, ya que, en ningún caso, habrá obligatoriedad, la casa que habitan por mensualidades muy similares a las que ahora asumen.

Si la idea fructifica y muchos inquilinos apuestan por esta fórmula, el edil destaca la importancia de que estas familias dispongan en el futuro de un patrimonio propio que les posibilite afrontar con más garantías el futuro. Eso sí, por ley y para evitar precisamente situaciones injustas o agravios con el resto de ciudadanos, se pondrán límites y prohibiciones a posibles ventas, alquileres y otras opciones, si bien aún se ha de definir esto y cuestiones como la transmisión a herederos y demás. Lo que jamás se permitirá son movimientos especulativos en los plazos que se establezcan.

Antes de poner a la venta este patrimonio, se deberá también tasarlo. El concejal apunta que lo más lógico es que cada posible operación crediticia sea individualizada y señala que lo habitual son préstamos a 20 o 30 años.

El principal objetivo del consistorio con esta medida, la más importante respecto a la futura enajenación de patrimonio municipal, es social y no económico. Sin embargo, y según admite Bernabé, el dinero que pueda entrar en el consistorio por estas ventas contribuirá "a mejorar aún más las cuentas locales, que van por mejor camino, ya que se trataría de ingresos no previstos". Según recalca, esto permitiría ampliar las partidas para liquidar deuda, pero, sobre todo, para enriquecer las de tipo social o los proyectos del litoral, dos de las grandes prioridades.

Para esta mejora resultan muy importantes los 50 millones que el consistorio pedirá al Estado para saldar las deudas con los proveedores antes del verano. Un dinero que, según el edil, es muy probable que vuelva a las entidades bancarias instaladas en la capital por la deuda de las empresas, lo que facilitaría forzar a los bancos (que ganarían un 5% -2 millones de euros- de interés) a contraprestarlo con los créditos blandos necesarios para vender los 2.000 inmuebles.

Sobre la subasta de otros inmuebles locales, Urbanismo analiza un listado de 50 para decidir cuáles tienen más interés comercial ahora.