El gobierno de Santa Cruz decidió ayer posponer la reunión anunciada para la tarde de ayer en la Gerencia de Urbanismo con el resto de partidos para seguir analizando el PGO y su inminente aprobación, cita que, en principio, tendrá lugar desde las 17:00 horas de este viernes. Ese día, los técnicos de Urbanismo tienen la intención de concretar la cifra de las personas afectadas por la figura del "fuera de ordenación", si bien ya se manejan otros datos precisos sobre los ámbitos y manzanas que se le propondrán a la Cotmac que queden en suspensión para resolver ese problema. A falta de analizar con más detalle el Suroeste, el área a suspender ocupa 248 hectáreas, lo que supone 2,487 millones de metros cuadrados.

La inmensa mayoría de ese suelo (243 hectáreas, 2,43 millones de metros) corresponde a los ámbitos que el gobierno local pretende que queden suspendidos tras la aprobación del PGO, que será en el pleno del día 30 de este mes o en uno monográfico posterior. El resto, apenas 54.092 metros, representa las manzanas que se usarán también para resolver un conflicto que, cuando parecía que estaba encauzado tras la moción unánime de febrero, se ha recrudecido por las distintas interpretaciones que se hacen sobre la hoja de ruta elegida por CC y PSC.

Tras dejarse fuera las tres áreas de protección patrimonial (como El Toscal), lo que inicialmente no se hizo, los técnicos calculan que se deberá suspender un 12% del suelo urbano consolidado. Esta superficie supone un total en el municipio de 20,066 millones de metros cuadrados (2.066 hectáreas), mientras que el suelo urbano en su globalidad asciende a 23,423 millones de metros.

El viernes, los técnicos tienen previsto dar una cifra bastante exacta de la población afectada por el fuera de ordenación, que hasta ahora se ha calculado en 80.000 personas. Para ello, se está cruzando los inmuebles catalogados con esa figura con el padrón local y mediante una ratio que tiene en cuenta las alturas medias de los edificios y el número de pisos.

Los técnicos también tienen previsto analizar y discernir desde ahora aquellos propietarios de viviendas fuera de ordenación que tienen derecho a que se les resuelva su problema de aquellos que carecen de licencia de su inmueble o de partes de él por haber realizado obras ilegales. En este último caso, Urbanismo se muestra convencido de que la mayor cifra se da en el Suroeste.

La edil del PP Ana Zurita matiza que el número de dueños afectados (que no miembros de las familias) rondará los 30.000, mientras que José Manuel Corrales (Por Tenerife) insiste en que todo se resuelva dentro del PGO.

oTRAS CLAVES

La Fiscalía analizará si se falsificó el PGO

Después de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía contra los delitos medioambientales a principios de 2010, este órgano ha aceptado a trámite la denuncia de la Plataforma en Contra del PGO por una presunta falsificación documental en el plan. La decisión la ha adoptado la fiscal contra dichos delitos, Inmaculada Violán, la ha ratificado la fiscal jefe, Carmen Almendral, y el escrito ha sido remitido a los juzgados de instrucción para abrir la ronda de declaraciones. La entidad vecinal, según el abogado Felipe Campos, apunta como principal responsable de esa supuesta falsificación al secretario municipal, Luis Prieto, al no cumplir con su obligación de ratificar la autenticidad de las distintas versiones del PGO que fueron votadas en el pleno y las que se entregaron a los grupos políticos a finales de 2009 y principios de 2010, en las que no aparecía su firma. El plan se aprobó el 4 de enero de 2010. Tras la denuncia, y a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente y de Anticorrupción, la Policía Judicial acudió en diversas ocasiones a la Cotmac para recoger varios documentos. La Plataforma sostiene que hubo dos documentos y no sabe cuál fue el que estudió la Cotmac, con lo que teme que el PGO se cambiara tras ser aprobado, sobre todo respecto a calificaciones de suelo y nuevas parcelas recreativas.