El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), tiene previsto dirigirse esta semana por carta al juez que lleva el denominado caso Las Huertas para pedirle que dicte una medida cautelar que permita el uso público de la vía que lleva al campo de fútbol de San Andrés, cerrada desde hace mucho tiempo por el conflicto judicial abierto y la postura contraria del propietario de los terrenos afectados. De esta forma, y pese a las críticas del PP, el máximo mandatario capitalino mantiene el anuncio que hizo el lunes de la semana anterior durante la reunión con unos 70 vecinos del barrio para analizar los proyectos y obras de la avenida marítima y futuro dique semisumergido.
En declaraciones a EL DÍA, Bermúdez señala que están ultimando la redacción de la carta entre diversos departamentos del consistorio (como Urbanismo, Seguridad Ciudadana o la abogacía municipal) para poder remitirla esta misma semana. Según subraya, existen justificaciones sobradas para pedirle esa medida cautelar al juez, ya que, entre otras cosas, la situación actual de este acceso impide que lleguen a un campo muy utilizado las ambulancias, los vehículos policiales, de bomberos o los particulares (jugadores, padres de niños, directivos, aficionados...).
Hasta conocer la decisión del magistrado, el alcalde sí ha dado otro paso para el que, según explica, tiene potestad: dar instrucciones a la Policía Local para que, en caso necesario, intervenga en la vía y posibilite el paso de ambulancias si hay cualquier incidente que obligue a desplazar esos vehículos al recinto deportivo, tanto en entrenamientos o partidos oficiales. En este caso, primaría el deber y derecho al auxilio por encima de cualquier eventualidad o litigio judicial.
Bermúdez recalca que todas las decisiones que ha adoptado por este problema se las ha transmitido al presidente del Club Deportivo San Andrés.
Unas decisiones que, sin embargo, no comparte el PP, que las considera "una excusa más para seguir manteniendo una situación que dura ya seis años". El concejal Óscar García se muestra muy crítico con el anuncio del alcalde de que se dirigirá al juez para solicitarle la citada medida cautelar. El edil, que estuvo presente en la reunión con los vecinos y preguntó por cómo se iba a resolver la situación del acceso a la instalación deportiva, sostiene que el gobierno no debe presentarse en este caso como el mediador en un conflicto y proceso judicial entre particulares (la persona que se opone al paso de la maquinaria esgrimiendo que es el propietario de parte de las parcelas y la promotora que ejecuta las obras en el lugar). En su opinión, "el ayuntamiento es parte y, además, directamente interesada, ya que posee y tiene registradas un gran número de las parcelas de la zona. Lo que debe hacer el gobierno es negociar con ese particular y resolver cuanto antes este asunto, que lleva ya seis años y que resulta muy poco defendible".
Aunque sin pretensión de responder al PP, "pues debería informarse mejor", Bermúdez niega esa tesis y asegura que se trata de una situación muy compleja, "ya que, de ser tan fácil, lo hubiésemos arreglado hace mucho tiempo". Según explica, el particular es dueño de, por lo menos, unos 200 metros de la vía y no se puede resolver ni por un lado ni por el otro del barranco.
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