El portavoz de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz y abogado, Pedro Fernández Arcila, presentó el pasado viernes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el exconcejal de CC Norberto Plasencia, responsable de Infraestructuras y Obras Públicas, entre otras materias, por un presunto delito contra la administración pública. El edil ha detectado doce facturas abonadas entre enero y diciembre de 2008 a la empresa Acciona, dedicada al mantenimiento del mobiliario urbano y los parques infantiles del municipio, por un total de 1,19 millones de euros, pero recalca que el contrato que tenía esta compañía con el consistorio había expirado en 2004 y que la posible prórroga vencía en 2006.

Arcila aprecia indicios de delito y acusa al edil, a los funcionarios y técnicos que hayan participado en los hechos de incumplir los artículos 404, 428 y 436 del Código Penal, que prevén penas de cárcel de hasta 6 años e inhabilitación especial para cargos públicos de hasta diez.

Frente a las tesis de Arcila, el exconcejal nacionalista mostró ayer su extrañeza ante la denuncia presentada y recalcó que, si bien hubo un obstáculo administrativo para consumar la prórroga y también problemas presupuestarios y para convocar el concurso, la compañía siguió "y aún continúa" prestando estos servicios. "Basta ver cómo están las papeleras, los bancos o los parques infantiles", señala. "Se había hecho un trabajo, los informes así lo reflejaron y había que abonarlo. No hay nada más. Si esta es la manera en que Arcila quiere hacer política, allá él. Por este tipo de cosas y de gente, precisamente, he dejado la política. Ahí están los resultados y la empresa sigue dedicándose a esto. De lo contario, ¿cómo estarían el mobiliario y los parques?".

Plasencia, que se muestra muy tranquilo respecto a la investigación, asegura que "lo peor es que Arcila ni siquiera ha querido informarse, documentarse o preguntarme. Allá él". EL DÍA también intentó, sin éxito, conocer la versión de la compañía.

En su denuncia, el portavoz de SSP señala que, "con fecha de 4 de junio de 2009, la empresa Acciona presenta en el registro del ayuntamiento doce facturas por un importe total de 1.194.634,44 euros". Según recalca, "el primer dato relevante es que, a pesar de que el montante global supera ampliamente los 18.000 euros (mínimo para que haya un concurso), lo cierto es que no se tramitó procedimiento de licitación, tal y como exige la normativa de contratación pública aplicable en aquellas fechas". Además, "tampoco se celebró contrato administrativo".

Arcila precisa que la compañía sí "tuvo una relación contractual con el ayuntamiento para realizar servicios de mantenimiento de mobiliario urbano, pero ese contrato administrativo finalizaba el 31 de mayo de 2004, previéndose la eventualidad de una prórroga por dos años; es decir, hasta el 31 de mayo de 2006, por lo que estas facturas se emitieron sin que mediara contrato administrativo alguno".

El edil reseña también el hecho de que, en estas facturas, "tampoco se detallan los trabajos que se hubieren realizado; tan solo se establece el importe total mensual y la genérica expresión mantenimiento, lo que no puede indicarnos la causa concreta de emisión de estas facturas y sin que tampoco pueda conocerse, ni en la factura ni en el expediente, los criterios con base a los cuales pueda fijarse ese importe mensual".

Arcila llama la atención, a su vez, sobre que, "en ninguna de las facturas, aparece conformidad de técnico competente, figurando tan solo una firma, que parece ser la del entonces concejal Plasencia". Eso sí, constata que, en el expediente administrativo, consta otro informe técnico, del 9 de junio de 2009, que, "de manera bastante escueta", señala que el mobiliario "se encuentra en condiciones óptimas de mantenimiento". Según recalca, de esto "no puede desprenderse la realización de servicio específico alguno de mantenimiento ni ningún otro servicio".

En 2009, y mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito con cargo a la realización de una modificación presupuestaria, se reconoció el pago. Según Arcila, durante el presente año "se ha intentado abonar las cantidades reflejadas en factura", aunque dice desconocer si se ha pagado.