El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), remitió el pasado 13 de este mes una carta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, con el fin de detallar las medidas de reducción y racionalización del gasto municipal adoptadas o previstas desde que ocupa el cargo, justo en este mandato.

Una finalidad que, sin embargo, esconde también resaltar el esfuerzo realizado sin necesidad de que se le exija desde Madrid y la descompensación e injusticia que, a su juicio, se ha cometido con la ciudad con los presupuestos estatales, al no incluir partidas para proyectos claves.

El alcalde, en declaraciones a EL DÍA, indica que, con la carta, pretende demostrarle al Gobierno central que el consistorio ha sido riguroso y austero desde el primer día del mandato, tratando de racionalizar al máximo los gastos, aumentando en lo posible los ingresos y la recaudación, y elaborando medidas futuras para seguir en esa senda. Por eso, pide que el estado respalde el plan de ajuste planteado por el ayuntamiento y el crédito de unos 49 millones de euros para pagar a los proveedores, aparte de procurar dotar de partidas proyectos que han quedado fuera de los presupuestos nacionales para 2012.

La misiva no incluye ningún lamento explícito por las cuentas estatales para este año, pero, según confirman fuentes de Alcaldía, sí va implícito y se contextualiza en el momento de su envío, justo después de conocerse los primeros presupuestos de Rajoy.

Aunque la carta responde a la petición del Ministerio de información sobre las "medidas extraordinarias y compromisos en materia de reordenación y racionalización del sector público" adoptadas en la Comisión nacional de Administración Local, su contenido tiene como claro mensaje que el ayuntamiento está cumpliendo con su parte, por lo que se conciben las cuentas estatales como un "castigo inmerecido".

Entre otros datos, Bermúdez resalta que se ha reducido un total de 2,53 millones de euros en gastos de personal del ayuntamiento y de los organismos autónomos respecto al ejercicio precedente.

Esa reducción se traduce en los 37.600 euros ahorrados en las retribuciones anuales de los directivos de organismos municipales (un 9,22%), los titulares de los órganos de gobierno (un 20%, lo que supone 71.400 euros menos desde el 1 de octubre pasado) y los sueldos del gerente de la Sociedad de Desarrollo (21,43% menos: un total de 19.500 euros).

Además, se alude al ERE aplicado a una tercera parte de la plantilla de la empresa municipal de Viviendas (8 empleados y reducción de la jornada de otro). Un expediente que se presenta como "adecuación de la plantilla a las necesidades actuales", dada la reducción de actividad por la crisis económica e inmobiliaria.

La cifra más relevante de este paquete es la relativa al personal de confianza y eventual, con un ahorro de 505.000 euros.

Anuncia que, durante este año, el traslado de la sede del Instituto Municipal de Atención Social supondrá 150.000 euros menos de gasto, si bien no se descarta que se mantenga en las mismas dependencias, pero reduciendo esa cantidad, lo que dejaría el desembolso final en la mitad.

Asimismo, resalta que se aplicarán criterios como premiar el menor precio de licitación en los contratos menores, se centralizarán todos los acuerdos de este tipo susceptibles de ser unificados y se fijarán contratos marco para toda la administración local con el fin de maximizar la eficiencia.

Bermúdez también se refiere al plan municipal de modernización y simplificación administrativa, para el que se ha creado una comisión que lo concretará y desarrollará. Esta iniciativa incluye medidas para mejorar en coordinación, cohesión y transversalidad entre las distintas áreas, un mejor aprovechamiento y organización de los recursos humanos, incluida la Policía Local, simplificar los procedimientos, más transparencia, austeridad y reestructuración del ayuntamiento y sus organismos (de momento, Juventud y Educación han pasado a la sede de Deportes y forman un único organismo).

Además, se afirma que el gobierno ha tomado diversas decisiones para minimizar los vehículos municipales, lo que ha permitido aminorar el parque móvil, reduciendo los vehículos a los "estrictamente necesarios".