En una nueva comisión de control al gobierno marcada por su lento desarrollo, que incluso llegó a momentos soporíferos e insustanciales en las cinco largas horas agotadas ayer, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento santacrucero respaldaron un protocolo antidesahucios que pretende evitar un cálculo escalofriante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Según esta entidad, unas 2.000 familias locales se exponen a perder su vivienda en los próximos 15 meses, situación que el ayuntamiento intentará impedir como mediador con cinco medidas a proponer a los bancos que hayan decidido los desahucios o hayan abierto el proceso.

Dicho protocolo surge por iniciativa del concejal de Ciudadanos, Guillermo Guigou, en su calidad de presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Aparte de recibir datos de casos concretos, el edil se entrevistó recientemente con representantes de la citada plataforma y llegó a la conclusión de que urgía la redacción de un documento consensuado con dicha entidad y que fuera apoyado por todos los grupos para minimizar los efectos de una deriva de la crisis que cree profundamente injusta, sobre todo si se atiende a la responsabilidad de los bancos y los beneficios y el trato gubernamental que siguen obteniendo.

Según Guigou, los afectados se sienten "desamparados, desprotegidos, indefensos, incomprendidos y excluidos socialmente". Para voltear la situación, el consistorio mediará con los bancos para lograr moratorias en los desahucios.

De esta medida se podrán beneficiar las unidades familiares (persona individual, matrimonio o parejas de hecho con o sin hijos, así como sus ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con ellos) contra las que se haya incoado un procedimiento de ejecución hipotecaria que hubiese acabado con la subasta del inmueble y su adjudicación a la entidad bancaria. Para ello, la familia debería tener ingresos que no superen el salario mínimo interprofesional incrementado en un 50%, que se trate de su casa habitual y que no se produjera aún el lanzamiento del inmueble (o sea, que no hayan sido desalojados, pero sí perdido la titularidad).

En este caso, se intentaría que las familias tuvieran una moratoria para permanecer en la casa durante 5 años, abonando un máximo del 30% de los ingresos totales, sin contar las pensiones alimenticias. Asimismo, el consistorio les eximiría del pago del IBI al haber perdido la titularidad, dinero que se le exigirá al banco con los intereses y recargos si no se comunica el cambio al ayuntamiento.

También se apuesta por una moratoria en el crédito hipotecario de cinco años y con condiciones similares a las señaladas. Esas cantidades no serían computadas a cuenta de la hipoteca, sino como contraprestación por la moratoria, si bien se podría reactivar el crédito si cambia la situación familiar.

Además, se plantea que las personas ya desalojadas puedan acceder a alquileres sociales en viviendas locales. Para ello, el consistorio pedirá a los bancos que pongan a su disposición más del 20% de sus viviendas libres. En este caso, los alquileres se fijarían en función de la capacidad de cada caso.

Asimismo, se pide que estas familias puedan acceder a todas las ayudas sociales, la dación en pago, medidas excepcionales para casos muy particulares y dramáticos y que se cumpla la moción sobre el sinhogarismo.

José Manuel Corrales pidió que, como pretende el Gobierno andaluz a escala regional, Santa Cruz se convierta en ciudad libre de desahucios, mientras que Pedro Arcila planteó que se valore a los bancos que apliquen o apoyen estas medidas a la hora de contratar con el consistorio.