El gobierno de Santa Cruz ha alcanzado un acuerdo con los dueños de parcelas del barranco de Santos que fueron expropiados por las obras realizadas en el cauce que permitirá que el consistorio reduzca en parte la indemnización global a pagar a estos afectados y que evite los intereses, aparte de poder abonar los 3,9 millones de euros acordados en un plazo de cinco años.

El acuerdo ha sido suscrito con los abogados representantes del medio centenar de propietarios, a los que una sentencia judicial del pasado año les dio la razón en su reivindicación de indemnizaciones por la ocupación de espacios de su propiedad a causa del proyecto realizado.

El edil de Hacienda, Alberto Bernabé (CC), considera muy importante el pacto suscrito porque se ha acordado una quita de 800.000 euros y, además, los 3,9 millones que finalmente se abonarán a estas personas se pagarán en un plazo de cinco años y sin intereses. "Es un gran acuerdo para el ayuntamiento", asegura a EL DÍA.

Estos 3,9 millones forman parte de la deuda con proveedores o terceros que no ha entrado en el crédito de 55,1 millones que se firmará en breve gracias al decreto del Gobierno central.

Banca Cívica

Según aclara Bernabé, esos 3,9 millones están totalmente desvinculados de los 24,7 millones que Banca Cívica le reclamó al Consistorio capitalino precisamente con motivo del decreto nacional y a raíz de las obras ejecutadas en el citado barranco. El concejal subraya que el equipo de Hacienda que dirige rechazó esa petición de la entidad bancaria al tratarse de un dinero que ha de abonar el Gobierno regional, que cuenta este año con 3,7 millones para ir reduciendo ese pago pendiente.

Los trabajos en el barranco de Santos los realizó Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), pero el dinero lo adelantó CajaCanarias (que ahora forma parte de Banca Cívica).

Esos 24,7 millones suponen el 78% de los 31 que los técnicos locales han rechazo que se abonen con el decreto nacional por diversos motivos: por corresponder a este año y no poder entrar en las condiciones impuestas por Madrid, por no estar de acuerdo con la reivindicación de las distintas empresas o por estar pendiente de resoluciones judiciales, como los 2,18 millones que reclama Rolo Producciones, un 7% del total.

Los 55,1 millones se pagarán en 10 años, con dos de carencia al principio. El tipo de interés aún no se ha fijado, ya que se hará en el momento en que se suscriba el crédito y dependerá del bono del Estado a 10 años durante esa jornada, así como del diferencial que se exija a los ayuntamientos (de momento, del 1,15%, como los créditos ICO) y un 0,3% por comisión de apertura.

El gobierno local les pide a ediles y diputados nacionales del PP como Pablo Mato que intercedan para reducir estos márgenes, ya que los intereses podrían suponer 14,5 millones o más.