Una comisión de afectados por el cierre de la Escuela Infantil de Miramar se reunió ayer con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha, con el objetivo de que desde el ayuntamiento capitalino se defienda un recurso básico para el propio barrio y los distintos enclaves de alrededor. En este sentido, los políticos trasladaron a la representación "el total apoyo institucional" con el barrio, aunque reconocieron que "poco podían hacer porque hay listas de espera para entrar en las guarderías de titularidad pública, lo que complica la ubicación de los 126 niños afectados", destacó el presidente de la AAVV Ramarim, Guillermo Alonso.
Asimismo, señaló que "el equipo de Gobierno presentará una moción de apoyo al Pleno", aunque reconoció que "la decisión de Caixabank ya está más que tomada. No nos queda otro remedio que continuar con las manifestaciones para lograr, al menos, que la Escuela Infantil de Miramar siga abierta un curso más".
Hay que recordar que este recurso tiene el objetivo de dar cobertura a los bebés y niños de familias con pocos recursos o desestructuradas a un precio ajustado en casi todos los casos. No obstante, el pasado 27 de abril la Obra Social de CajaCanarias (integrada ahora en Caixabank) anunció a los padres de los niños el cierre de la infraestructura sin margen de tiempo de respuesta para solicitar plazas en otras guarderías.
Esta circunstancia, unida al rechazo generalizado de cerrar un servicio esencial para el barrio desde hace 37 años, ha supuesto la rebelión de los padres y asociaciones de vecinos que se han manifestado contra la clausura, la última vez el pasado sábado, cuando unas 250 personas protestaron por las calles de Santa Cruz y a las puertas de la sede de la entidad.