El pasado 23 de marzo, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, remitió una carta al juez del llamado caso Las Huertas en la que le pedía la aplicación de una medida cautelar para que los vehículos de emergencia y otros pudieran acceder al campo de fútbol de San Andrés. Pasados ya más de tres meses de aquella mediación en el conflicto entre la empresa que ejecuta las obras junto al barranco y los residentes de la zona, el magistrado sigue sin responder al máximo mandatario local y solo ha enviado un requerimiento a las distintas partes, según señalan a EL DÍA fuentes del propio gobierno local que, sin embargo, no desvelan en qué consiste ese requerimiento.

Bermúdez había presentado esta intermediación en el conflicto como un buen intento para tratar de desbloquear una situación que preocupaba mucho a los jugadores, directivos y familiares del Club Deportivo San Andrés, así como a vecinos de Las Huertas. Lo hizo en una reunión con los residentes en la que se abordó también el proyecto del dique semisumergido y la reforma de la avenida de San Andrés.

Sin embargo, y aunque el gobierno local subrayó en ese momento su confianza en que el juez se pronunciara en el menor tiempo posible, pasado este tiempo el ayuntamiento sigue sin recibir respuesta a esa petición de una medida cautelar.

Mientras, y como se ha hecho eco EL DÍA en las últimas semanas, el conflicto entre la empresa que opera en la vía y los residentes más cercanos a esta carretera se ha agudizado bastante, con diversos episodios que han obligado, incluso, al desplazamiento de miembros de la Unipol, si bien la protesta vecinal transcurrió de forma pacífica.

La compañía ha intentado en diversas ocasiones taponar con un contenedor el tramo previo al campo, después de lograrlo con un bloque de cemento de grandes dimensiones en la parte más cercana a la carretera que lleva a Las Teresitas.

La intervención de vecinos ha impedido que se colocara un contenedor de grandes dimensiones en esa otra zona más cercana a la instalación deportiva. Para ello, los residentes han atravesado algunos vehículos propios para impedir la maniobra del camión desplazado hasta el lugar por la compañía.

"Conflicto complejo"

El concejal de Obras, Dámaso Arteaga, reconoce que se trata de un conflicto de difícil solución, ya que la empresa asegura que necesita bloquear el segundo tramo para poder terminar las obras junto al barranco, mientras que los residentes sostienen que se han ocupado unos terrenos que no le pertenecen a esa compañía y que no han sido compensados o comprados, por lo que todo depende de lo que decida el citado juez.

Los residentes insisten en que no tendrían problema en permitir las obras si, previamente, se produce esa operación, pero nunca en la situación actual.

El edil de Política Territorial, José Ángel Martín, siempre ha indicado que hay actuaciones en esa zona que se desarrollan conforme a la normativa y los permisos, pero otras en las que no se dan esas circunstancias, dejando todo a expensas del juez.

El PP lleva buena parte del mandato denunciando la situación del acceso al campo y considera que la falta de respuesta del juez y el mantenimiento del conflicto demuestran lo poco que se tiene en cuenta al alcalde en diversas instancias, tanto administrativas como, en este caso, judiciales.

Otros partidos, como Por Tenerife, denuncian las obras que se ejecutan en el barranco y su entorno y censuran al gobierno local por permitirlas, no resolver la situación del camino y ni siquiera acabar con el bloqueo de una vía pública.