El Ayuntamiento de Santa Cruz revivió en la mañana de ayer escenas, gritos, carteles, debates y disputas que, durante el presente mandato, parecían superados en lo relativo al Plan General. El rechazo del gobierno (CC-PSOE) y del PP a la propuesta de Por Tenerife de que se declarase dicho documento caducado o se pidiese esa condición a la Cotmac propició la hora con mayor tensión en un año. Un salón de plenos lleno de vecinos contrarios a la hoja de ruta del equipo gobernante y otros críticos a las afueras del consistorio que, desde primera hora, evidenciaron su posición con megáfonos y consignas, devolvieron un escenario que el pacto ha querido evitar desde junio de 2011, pero que solo parece reforzarse y agudizarse.
Pese a la dura y argumentada intervención de José Antonio Ramos en nombre de la AAVV Toscal-Tribulaciones y de la Plataforma en Contra, y a pesar de las tesis igual de contundentes de José Manuel Corrales (Por Tenerife), Guillermo Guigou (Ciudadanos) y Pedro Arcila (SSP), el gobierno se agarró a los informes de los técnicos y juristas locales para sostener que no hay caducidad y que, en el plazo de tres meses acordado con la Cotmac, no solo se intentará resolver los cambios imprevistos detectados, sino el fuera de ordenación y otras cuestiones.
Corrales pidió insistentemente al secretario municipal, Luis Prieto, que se pronunciara sobre si el plan está o no caducado para que se pudiera votar en conciencia. Prieto se aferró a su informe del pasado día 21 para insistir en que la caducidad la ha de dilucidar la Cotmac, mientras que el edil del área, José Ángel Martín, admitía que, aunque le gustaría que los informes dijesen lo contrario, ya que está de acuerdo con la caducidad, los técnicos afirman que el proceso ha de seguir "y no puedo obviar eso". Además, recalcó que la Cotmac nunca ha defendido la caducidad y, de hecho, ha otorgado otros tres meses sin asumir esa condición o subrrogarse las competencias para concluir el plan. Según dijo, quieren suspender lo polémico para solucionarlo y aprobar lo legal.
Ana Zurita comprendió la protesta vecinal "porque, pasado un año, seguimos en el punto 0". La edil del PP critica que no se haya solucionado el fuera de ordenación, para lo que volvió a presentar como imprescindible el cambio del artículo 34, y advirtió de que la caducidad podría suponer un retraso de hasta diez años.
Tras un duro intercambio entre el alcalde, José Manuel Bermúdez, y Corrales por los turnos, el rechazo de la moción encendió la protesta social, propició tres desalojos y hasta una detención por "resistencia a la autoridad".