No hubo sorpresas y sí mucha tensión y momentos muy duros entre algunos concejales, especialmente entre el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Julio Pérez, en sus disputas con el portavoz de Por Tenerife, José M. Corrales. En medio de una protesta de un centenar de vecinos, sobre todo miembros de la Plataforma en Contra, el pleno santacrucero de ayer aprobó de forma parcial, aunque ya en su trámite definitivo, la revisión del PGO. Una decisión que, a tenor de las advertencias de la oposición y de la entidad vecinal, desatará una lluvia de denuncias, impugnaciones y querellas por entenderse que se ha cometido una ilegalidad y lesionado el patrimonio de 80.000 personas, que el gobierno rebaja a 60.000, por el fuera de ordenación.

La polémica no se hizo esperar. Se trataba del segundo punto del día y, tras la exposición del edil de Política Territorial, José Ángel Martín, que reiteró sus tesis sobre la "legalidad e idoneidad" de su hoja de ruta, las chispas se encendieron en una jornada muy calurosa, como probaban los múltiples abanicos de ediles y público.

Corrales y Guillermo Guigou (Ciudadanos) abrieron la larga lista de reproches por haberse retirado dos filas de asientos para el público "y dejar que entraran por la puerta de atrás todos los miembros del comité local de CC". Según estos ediles, la única intención era compensar un poco las voces críticas, reducir el número de presentes y, en definitiva, coartar la libertad de expresión, "sobre todo porque se ha impedido entrar a mucha gente por estos carnés VIPS", en palabras de unos ediles que no recibieron respuesta del gobierno sobre estas cuestiones.

La tensión se disparó aún más cuando, también antes del debate de fondo, Corrales recordó que había presentado una recusación contra Pérez por entender que su "participación como socio" en la empresa Prodeca 2000, con intereses por cinco propiedades en Costa Cardón y Montaña Fumero, así como otras supuestas incompatibilidades, le impedían votar.

"Delirio de la invención"

El líder del PSOE lo negó reiteradas veces con la cabeza y, en su intervención, indicó que no era propietario, ni socio ni tenía intereses en esos suelos. "No tiene fundamento lo que dice y, en el delirio de la invención, me atribuye intereses en empresas contra las que he litigado", le reprochó al edil. "Si tuviese esos intereses, no tendría ni que recusarme, pues sé lo que tendría que hacer". Asimismo, subrayó que la aprobación del PGO no incluía ningún acuerdo sobre esas zonas precisamente por tratarse, junto a los ámbitos del fuera de ordenación, la ZAL o Las Teresitas, de áreas que se pedirá a la Cotmac que suspenda para ser modificadas y resueltas en seis meses, prorrogables otros tres.

Como hiciera después en la petición de cese, Pérez censuró al grupo mixto por querer "solo" descalificarlo. El secretario indicó entonces que un decreto del alcalde del jueves rechazaba la recusación y se oyeron los primeros abucheos, seguidos de la advertencia de Bermúdez, que repetiría muchas veces (incluso contra Corrales), de que se desalojaría a quien no cumpliera las normas del pleno.

Pedro Arcila (Sí se Puede) solicitó un receso para que se analizara la documentación aportada por Corrales (casi toda del registro de la propiedad, "que no miente", según subrayó), pero el alcalde también lo rechazó y exigió, sobre todo al portavoz de Por Tenerife, que respetase la "honorabilidad" de Julio Pérez. "Somos un pueblo digno, no súbditos o clientes", le respondió Corrales.

Desde entonces, la polémica y tensión no decrecieron. Entre acusaciones de "estafa", "megapelotazos", de no haber resuelto los 123 cambios detectados o de que un centenar de militantes del PSOE se oponen a la aprobación parcial, según recalcó Corrales, la crítica más global la lanzó Arcila. "Lo que me entristece es que el gobierno carece de proyecto de planificación para la ciudad y trae este vergonzoso pastiche, ejercicio supremo de improvisación, frivolidad e incoherencia con un PGO que hasta el edil del área lo cree caducado".

Guigou exigió luego al secretario que se pronunciase sobre la caducidad y éste volvió a indicar que ha de decidirla la Cotmac, así como la viabilidad ambiental por la que le preguntó Arcila.

"Engendro y engaño"

Igual de crítica, y en línea con lo dicho el jueves, Ana Zurita (PP) advirtió de la deriva judicial que el plan propiciará, su inseguridad jurídica y los múltiples pleitos que puede suscitar. En su opinión, solo se está intentando salvar el pacto "con un engendro administrativo que empeora el anterior, no resuelve problemas como el fuera de ordenación y añade vicios de legalidad. Estamos ante un engaño porque el ayuntamiento se atribuye competencias que no tiene; aprobar la suspensión es ilegal". En este sentido, al final del pleno advirtió de que el acuerdo contraviene el tomado el 16 de febrero de 2007, aparte de criticar que se incluyera este punto en el orden del día una jornada antes de la comisión que abordó el plan general.

Zurita teme que lo aprobado provoque la "nulidad del proceso porque es muy fácil tirar esto abajo. Parece que el PSOE ha aprendido del sistema que tanto criticó y ahora somos nosotros los que les exigimos legalidad y consenso". Asimismo, insistió en que pueden pasar 4 años para resolver el fuera de ordenación y remató presentando el PGO como "una patraña y brindis al sol. No se puede hacer peor y hasta creo que lo han hecho adrede, pero nosotros no queremos llevar a Santa Cruz a la ruina".

En su réplica, Martín tampoco anduvo cojo. Le reprochó a Zurita que sacase su "verdadera cara, porque su única preocupación es resolver la chapuza de La Salle", en referencia a la ampliación del colegio. "El resto de su teatro lo desmonta el informe del secretario, que dice que el expediente cumple la ley. No hay ningún vicio ni inseguridad jurídica. Con el anterior plan sí había riesgos de pleitos. En realidad, lo que estamos haciendo es cumplir lo prometido para resolver los problemas con la ordenación pormenorizada".

El concejal del área lamentó la postura de Arcila e insistió en que la ZAL no tiene sentido porque se ha descartado la vía exterior, al tiempo que recalcó que apuestan de verdad por el parque periurbano de Taco. "Ni el secretario local ni el de la Gerencia avalan la caducidad. Necesitamos la suspensión para resolver el fuera de ordenación de unas casas que nunca debieron salir de ella", concluyó.

Sus argumentos, por supuesto, no convencieron a nadie. "Si la Cotmac no suspende, se traga el plan de Zerolo tras 4 años oponiéndose a él", le advirtió Guigou. Además, el edil de Ciudadanos criticó que lo de ayer "solo obedezca al pacto y al antojo personal de ciertos empresarios. Esto se va a judicializar e hipotecará el futuro".

Corrales siguió con las chispas diciendo que el alcalde, por cómo manejó los tiempos, se estaba comportando "como un auténtico déspota". Tras exigir a Bermúdez y a Pérez que se mojaran, aseguró que el plan "es el del régimen y rebaja el valor de muchas propiedades un 50%. Nos vamos a rebelar".

"Sin visión de futuro"

Arcila le reprochó a Martín que lo incluido en la ZAL incumple un acuerdo local y le dijo que, con lo de Taco, "simplemente se está burlando". "Un alcalde con visión de futuro -subrayó- diría que es su oportunidad para apostar por la vivienda, los carriles bici, la movilidad sostenible, las energías renovables... pero no hay proyecto".

El PP pidió luego que se votara el expediente por separado para poder respaldar los 45 reparos de la Cotmac. El gobierno preguntó al secretario, quien dijo que se debía votar esa petición. El grupo mixto se opuso con tanta rotundidad que decidió ausentarse. El problema es que, cuando volvió, el gobierno, que había rechazado la petición, ya había aprobado el plan con la abstención del PP.

Esta ausencia, sin embargo, no preocupa al grupo mixto. De hecho, luego sí se opusieron, junto al PP, al catálogo del fuera de ordenación y, al final, Corrales anunció que impugnará la aprobación y actuará legalmente contra todos los ediles que apoyaron el PGO. En la misma línea, Felipe Campos (Plataforma) indicó que presentará una querella contra cada uno de los ediles del gobierno y que llegará "hasta el final" respecto a lo desvelado sobre Pérez.