La empresa Mararía, que lleva diez años ocupándose de la ayuda a domicilio de Santa Cruz, el municipio más importante del área social al suponer la mitad de su presupuesto (4,3 millones), le presentó el pasado jueves al gobierno local un escrito en el que le informa de su intención de desistir de la solicitud que había hecho para prorrogar el contrato por no poder pagar las nóminas a sus 200 trabajadores y entrar en un proceso concursal, que deberá pedir al Juzgado de lo Mercantil.
Esa petición se formalizó el pasado 25 de mayo, después de que la situación económica de la compañía encendiera las alarmas y creara múltiples dudas. Al final, los peores augurios se han confirmado y, desde el 1 de agosto, la empresa no tiene previsto seguir prestando esas ayudas, que benefician a unos 1.200 vecinos.
Desde mayo, este acuerdo se prorrogaba cada mes. En su escrito, la compañía solicita que se le devuelvan los avales constituidos en su momento y justifica la decisión por el elevado endeudamiento al que se vio sometida desde hace tiempo por los retrasos en los pagos locales (que ahora no ocurre), lo que hizo que la Tesorería de la Seguridad Social haya embargado todas las facturaciones pendientes de cobro de esta corporación y de otras (también presta servicios en La Orotava).
El comité de empresa, compuesto en su mayoría por UGT, aunque también con representación de CCOO, anuncia movilizaciones de los trabajadores para el miércoles y el día 31 por fuera del ayuntamiento. Los representantes de los empleados subrayan que el consistorio, por ley, ha de asumir el servicio y sacar un nuevo concurso, subrogando la futura compañía elegida a estos trabajadores.
El concejal responsable del IMAS, José M. Arocha, indicó hace meses que habían contactado con tres empresas y que el servicio no dejará de prestarse.