Forman parte del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, pero se sienten como si estuvieran en otra galaxia. Todas las asociaciones de vecinos del distrito Suroeste se han puesto de acuerdo para dar un paso adelante y exponer los múltiples problemas que acucian a sus barrios y a sus habitantes. No es la primera vez que denuncian estos problemas, que pueden leerse repetidos una y otra vez en las hemerotecas, pero no por eso se dan por vencidos.
Esta vez todos a una (las asociaciones de vecinos el Molino de Barranco Grande, La Unión de La Gallega, Guacimara-La Gallega, El Humilladero, Llano del Moro, Alisios I y II, 8 de Marzo de Añaza, Tíncer y la federación de asociaciones que las agrupa a todas) quieren denunciar todas sus carencias "desde hace más de 20 años en este distrito marginado".
Su concejal de distrito, Hilario Rodríguez, dicen que sirve para poco. Lo definen como "un representante municipal enormemente ninguneado por su propio partido y los socios", ya que "no atienden casi ninguna de las propuestas o peticiones que hace en representación de los vecinos".
Rodríguez enfrenta esta acusación con impotencia. "Los distritos ya no tenemos competencia ninguna", se queja, para añadir que los ediles que se ocupan de los distritos se han convertido en "intermediarios entre administraciones".
Cualquier cosa que necesite el distrito, aunque sea un mero rebaje de acera, tiene que pasar por el pleno, explica Rodríguez, porque sino podría entenderse como un "fraccionamiento de contrato", lo que es contrario a la ley. Además, este tipo de obras "corresponde a la empresa de mantenimiento" del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Por unas cosas u otras, el edil del Suroeste reconoce que los distritos "han ido perdiendo de forma progresiva" capacidad de acción. "En el anterior mandato", puntualiza, existían partidas para los distritos, de forma que, "si se te rompía una farola, podías arreglarla".
"Cuando se crearon los distritos se les tenía que asignar un tanto por ciento", recuerda. Ahora, los ediles se limitan a comunicar y "reiterar a las áreas correspondientes" los problemas que surgen, para que se les dé una solución.
Por todo esto, estima que la descentralización y las visitas a los barrios, "si después no hay respuestas o acciones concretas, de poco valen".
A pesar de formar parte del Gobierno municipal, a Rodríguez no le pesa reivindicar "más limpieza" en el distrito por parte de Urbaser.
El edil pone el ejemplo de la TF-28, de una avenida que se encuentra entre Barranco Grande y Santa María del Mar y cuya responsabilidad en el cuidado y limpieza se lanzan el Cabildo y la Concejalía de Servicios Públicos. "¿Cómo lo resuelve el concejal de distrito? Pido reunión con el alcalde y los vecinos".
"Lo intento solucionar todo, pero no puedo. Unas veces por falta de presupuesto", reconoce.
Para Alberto Linares, de la asociación de vecinos Independiente de La Gallega, la situación del distrito se encuentra en un "declive tan grande como la crisis". Aseguran que todo lo que consiguen es a base de pedirlo una y otra vez a los concejales competentes, en un ejercicio de perseverancia agotador para estos vecinos. Recuerdan que pagan los mismos impuestos que los que viven en el centro de Santa Cruz, pero que no disponen de los mismos servicios.
Domingo Chávez, de la asociación Guacimara de La Gallega, reconoce que han tenido muchas reuniones con los concejales. "Pero al final las cosas no se resuelven como queremos".
Por poner un ejemplo de las carencias más básicas del barrio, Chávez señala que todavía no tienen ni aceras en la entrada a La Gallega. "Estamos también a la espera de unos guardias muertos que nos han prometido".
Centro de urgencias.- Pero las críticas de los vecinos no solo van dirigidas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. "Se ha pedido un centro de urgencias abierto para la zona y no tener que desplazarnos a Ofra desde tan lejos, así como mejorar la seguridad del existente en Barranco Grande". Señalan que este resulta "muy peligroso para los usuarios por estar junto a una carretera regional que es vía rápida". Asimismo, piden que se impulse "el centro de especializaciones donde ya existe desde hace más de 10 años el terreno y el proyecto, que nunca se materializó". A los representantes vecinales no les sirve la excusa de la "carencia de dinero", porque consideran que sí hay recursos económicos para otras cosas.
Por su parte, la Consejería de Sanidad quiso aclarar que "nunca ha existido cesión de solar ni proyecto para ese centro de especializaciones". Asimismo, las citadas fuentes recalcaron que "los vecinos han sido recibidos para escuchar sus propuestas".
Sobre la seguridad del centro de Salud de Barranco Grande especificaron que "se colocó en la entrada una barandilla". No obstante, añaden que "el Servicio de Infraestructuras del Servicio Canario de la Salud está valorando el impacto económico que conllevaría acometer algún tipo de intervención en el edificio".
"En cuanto al resto de peticiones, los ajustes económicos para cumplir los niveles de déficit establecidos por el Gobierno de España nos impiden en estos momentos acometerlos", resumen. Es decir, de nuevo, que no hay dinero.
Titsa.- Uno de los últimos motivos de indignación de los vecinos del distrito Suroeste ha sido la reordenación de las líneas de guaguas. Para el Suroreste está claro que esta reordenación es un recorte y que la intención última es "delimitar sus servicios para derivarlos y favorecer al tranvía".
No guardan mejor opinión del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, que es quien ha negociado con los vecinos y defendido la reordenación. Afirman que Arteaga les ha dicho una cosa y aprobado otra.
Domingo Chávez, de la asociación Guacimara de La Gallega, detalla que con la reordenación "se han cargado la frecuencia de las guaguas" y que esto supone que los vecinos tienen que esperar "hasta una hora" en las paradas.
Emmasa.- Otro de los problemas que les han surgido en los últimos meses es el cobro de la red de alcantarillado de Emmasa. La empresa mixta de aguas los reunió a finales del año pasado para anunciarles que los vecinos que estuvieran a menos de 100 metros de una red de alcantarillado debían conectarse o que, de cualquier forma, Emmasa les pasaría a cobrar por el alcantarillado. La empresa aseguró que se limitaba a cumplir la ordenanza municipal y Arteaga defendió esta actuación. El edil se comprometió a conseguir que Emmasa avalara a varias empresas para que realizaran las obras y a que los precios fueran "de mercado". Sin embargo, muchos vecinos hoy se quejan de los elevados costes de la conexión y de los cerca de 20 euros al mes que están pagando por un servicio que no usan. Además, a estas quejas añaden la futura instalación en la zona de una depuradora "que no queremos".
Drenaje.- "Otro problema grave es la dejación de los márgenes de carreteras y concerniente al consejo de carreteras y de aguas del Cabildo porque el drenaje de muchas vías es inexistente o deficiente y resultará un peligro o un problema cuando lleguen las aguas", denuncian. Sin embargo, la institución insular matizó que el Consejo Insular de Aguas solo es competente en los barrancos.
Alberto Linares, de la Asociación de Vecinos Independiente de La Gallega, explica que recientemente han conseguido que les pusieran tres imbornales en la calle Lisa. Es poco para lo que necesita todo el distrito, pero menos es nada.
Vallas publicitarias.- Los vecinos también llevan años quejándose de las vallas publicitarias "desplegadas por el Suroeste" "que ni pagan tasas ni responden por sus gestiones comerciales". La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya está trabajando en una ordenanza para regular esta actividad, pero las asociaciones se lamentan de que el trámite vaya más lento de lo deseado.