En un año en el que el área social de Santa Cruz ha logrado reconocimientos unánimes del resto de grupos por su nueva línea de acción, el departamento se enfrenta estos días a una situación muy difícil y de imprevisibles consecuencias. La renuncia de la empresa Mararía a seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio por sus problemas económicos, que han llevado a la Tesorería de la Seguridad Social a embargar sus facturaciones y a verse abocada a un concurso de acreedores, deja en pésimo lugar a 1.200 beneficiarios del programa pero, sobre todo, a unos 300 mayores que viven solos y que usaban estos apoyos para ir al médico, hacer las compras y desenvolverse en sus casas con ayudas para cuestiones básicas.

Así lo denuncia y alerta a EL DÍA el presidente del comité de empresa, Francisco Bautista (UGT), quien advierte de que, si el ayuntamiento no asume a los 200 empleados y mantiene el servicio desde el 1 de agosto, cuando está previsto que Mararía abandone unas funciones que ha desempeñado en los últimos 10 años, denunciará al consistorio por despidos improcedentes porque, según recalca, "la ley le obliga a garantizar esta prestación".

El gobierno local, por su parte, declinó ayer pronunciarse ante la situación, si bien las reuniones se sucedieron en el área social durante la mañana para intentar concretar las medidas a adoptar. Unas soluciones que, según anunciaron a EL DÍA, serán expuestas públicamente hoy.

Bautista, sin embargo, recordó ayer que los trabajadores se concentrarán en la tarde de hoy por fuera de la sede de la cooperativa, ubicada en el número 55 de la calle Castillo de la capital en señal de protesta por el cierre de la compañía y para reivindicar que sean asumidos por el consistorio, se mantenga el servicio sin recortes ni perjuicios para sus beneficiarios y, con ello, se garantice la continuidad de los puestos de trabajo.

La presidenta de la entidad, Priscila Rodríguez, remitió el 19 de este mes un escrito a la corporación local en el que le anuncia su decisión de desistir de la solicitud de prórroga del servicio que, con carácter mensual, se presentaba desde mayo de este año, cuando las deudas ya pusieron en riesgo la continuidad de la empresa.

Sin dinero para salarios

En aquel entonces, el concejal responsable del IMAS, el socialista José Manuel Arocha, reconocía que se trataba de una mala noticia, aunque entabló negociaciones con la Seguridad Social que, en principio, permitieron la continuidad de la compañía durante unos meses. Sin embargo, el estrangulamiento económico es tal que la propia empresa admite que no puede afrontar los salarios de sus trabajadores y que deberá solicitar la situación concursal ante el Juzgado de lo Mercantil.

Cuando surgió la crisis inicial de Mararía, el concejal del área indicó que habían contactado ya con tres empresas que podían asumir la prestación con garantías e inmediatez. Ante esto, UGT sostiene que el ayuntamiento ha de asumir, "sí o sí", el servicio desde el día 1 y preparar luego un nuevo concurso por la vía de urgencia para que se presenten las compañías que lo deseen.