La situación económica actual crea mucha incertidumbre y descontento, sobre todo si se atiende a los recortes sociales que las administraciones están llevando a cabo y que afectan a un gran número de familias. La ayuda a domicilio en Santa Cruz vive desde ayer su momento más complicado con la renuncia de la empresa Mararía por sus deudas. El Ayuntamiento capitalino asegura que todo está "controlado" y, aunque hay ejemplos que lo desmienten, hay otros que confirman esa aseveración. Es el caso de Antonia Rojas, cuyas dos hijas se mueven en sillas de ruedas y que, desde ayer, cuentan con una trabajadora de una de las 13 empresas ofertadas a los beneficiarios para cubrir ahora la prestación.
Antonia, vecina de Vistabella, recibía esta ayuda desde hace treinta años por sus descendientes y, tras el cierre de la cooperativa, sufrió durante unos días el horror de no saber qué pasaría con el servicio, la única salida para tener atendidas a Mari Paz, de 36 años, y Candelaria, de 34.
Ambas presentan unos problemas de movilidad de tal gravedad que se ven obligadas a trasladarse en sillas de rueda, motivo más que suficiente para reclamar el mantenimiento de la ayuda. A esta situación se le suma que la pareja de Antonia ha sido operada de una hernia y que ella sufre dolencias en las manos que le impiden dar los cuidados básicos adecuados.
Ante la desesperación que vivió hace días por la situación de Mararía, Antonia decidió denunciar su caso ante la Concejalía de Atención Social para poner en conocimiento su desacuerdo por los recortes. Según señala, se siente "cansada de que los recortes sean cada vez mayores y de los parches y soluciones improvisadas del gobierno". Ayer, sin embargo y por tratarse de un caso severo, logró que la administración le enviase a una persona. Eso sí, matiza que, de momento, respiran, "pero no sabemos hasta cuándo".