Las AAVV Islanaga y La Voz del Valle, en declaraciones a El Día, muestran su preocupación por el creciente malestar que les están expresando algunos residentes de Anaga, especialmente de Taganana, por el control policial y la fiscalización continua que dicen soportar por parte de los cuatro agentes desplazados permanentemente a este enclave.

Los residentes se quejan de que se sienten continuamente vigilados a la hora de pintar fachadas, arreglar muros, sulfatar y otras acciones que antes realizaban sin este control y que, a su juicio, no suponen ningún perjuicio general. Las entidades vecinales censuran, sobre todo, que se haya multado o advertido con sanciones de 300 a 400 euros a mayores pensionistas por el simple hecho de pintar las fachadas de sus viviendas sin solicitar el permiso correspondiente en la Gerencia de Urbanismo municipal, que cuesta 60 euros.

Las asociaciones y algunos residentes consideran excesivo y demasiado caro ese trámite, y alertan también de un recrudecimiento del control, "tomando fotografías a escondidas". Incluso, se quejan de que ante la única presencia de un barrendero municipal no se les permita casi ni limpiar las vías o determinados espacios públicos.

En el caso de zonas como Chamorga, la AAVV Islanaga critica también el estado de las carreteras, con "numerosos socavones", y el mantenimiento de las restricciones y cortes de agua por la "obsolescencia" o insuficiencia de la red de Emmasa, extremo que dicha compañía desmiente.

Frente a la postura de estas entidades vecinales, la Policía Local, mediante el subcomisario responsable de los cuatro agentes que se ocupan de Anaga, subraya que no le consta que se haya impuesto ninguna sanción por los motivos apuntados, al tiempo que se recalca que los policías avisan sobre las consecuencias de ciertas acciones, pero con la prioridad simplemente de hablar, no de multar.

La Policía resalta el perfil personal de estos cuatro agentes y la labor que están desempeñando en Anaga, por lo que considera injusto que alguna cuestión puntual que afecte a un residente pueda manchar esta trayectoria y los servicios prestados, al tiempo que remarca que la ley, cuando se incumple, se ha de aplicar.