La Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependientes de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, abonará el próximo día 20 los 2.154.000 euros del último trimestre por el servicio que se presta en los centros de menores de la Isla, según anunciaron ayer fuentes autorizadas de dicho departamento del Ejecutivo regional.

Las mismas que especificaron que esos pagos se efectúan "normalmente a trimestre vencido", motivo por el que explicaron que durante el primer semestre pagaron 4.308.000 euros en total.

A juicio del Gobierno de Canarias, la situación que se registra actualmente se corresponde con el compromiso adquirido aclarando que ese dinero tiene "carácter finalista", matizando, asimismo, que es el Ejecutivo autonómico el que tiene asignada la tutela de los menores por ley, mientras que el Cabildo de Tenerife es la administración a la que le corresponde la guarda y custodia de los menores acogidos en los centros.

De ahí que los 52 euros al día que tiene que pagar la Dirección General del Menor y la Familia por cada beneficiario es transferida al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo dependiente del Cabildo y al que están adscritos los centros.

Esta afirmación del Gobierno regional contradice lo que se manifiesta desde algunos centros de menores afectados por lo que entienden que es una "demora" en el pago del segundo semestre del año. De hecho, inciden en que a ellos se le abonan las cantidad cada seis meses. Es más, entre enero y junio de este año vivieron momentos "muy delicados" porque el cobro de esas mensualidades se produjo "a mediados de mayo", no antes, y "porque lo adelantó el Cabildo", mientras que desde el Ejecutivo canario se afirmó ayer que pagaron los dos trimestres por separado.

En aquella ocasión se registraron situaciones "gravísimas" en algunos centros de menores. Entre los casos conocidos cabe mencionar que el personal llegó a comprar comida para poder abastecer a los beneficiarios de estos recintos, hasta que no les fue posible porque dejaron de cobrar; o el hecho de que fue preciso suscribir préstamos para poder mantener en funcionamiento algunos centros.

Servicios en peligro

En esta ocasión, además, se da la circunstancia de que tampoco las asociaciones que prestan servicios a los centros de menores han percibido las últimas mensualidades, por lo que ya han advertido de que es más que probable que cesen su actividad en estos recintos. Se trata de prestaciones por personal especializado, como psicólogos, psicoterapeutas y mediadores, entre otros muchos.

Desde esos centros se expresó ayer la esperanza de que se cumpla lo anunciado por el Gobierno regional, "porque el IASS suele pagar desde el momento en que recibe el dinero". Al tiempo, incidieron en que, "hasta el momento", el pago de las subvenciones correspondientes al segundo semestre del año no había sufrido demora alguna, mientras que el primer semestre solían percibirlo en torno a abril. "Este año, sin embargo, ese pago también se demoró y los centros pasaron graves dificultades", reiteraron.