Según los cálculos realizados por el sindicato UGT, desde que se dejó de prestar el servicio de asistencia a domicilio por parte de la cooperativa Mararía, "de las alrededor de 1.300 personas que recibían esta asistencia solo hay 800 en la actualidad".
Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, señaló que "tras pasar un mes del cese de su actividad por parte de la cooperativa, ya tenemos ratificado que son más de 500 las personas que no reciben este servicio", entre las que se encuentran mayores o grandes y medios dependientes, "muchas de ellas sin familiares que les ayuden".
Ante la convocatoria de un pleno extraordinario a petición de la oposición, para abordar la realidad de los servicios sociales en el municipio, Fran Bautista indicó que su sindicato ha trasladado algunas preguntas a los distintos grupos políticos, "pues nuestra intención sería saber si hay informes técnico-jurídicos diciendo que no tenían que haber hecho la subrogación o que la responsabilidad de la deuda de la empresa no afecta al ayuntamiento, porque si no, todo lo que están haciendo los responsables públicos es una milonga".
Los trabajadores de Mararía fueron despedidos el pasado día 1 de septiembre, por lo que en la actualidad están a la espera de cobrar del paro y que se resuelva el impago de varias de sus nóminas.
No obstante, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha solicitado recientemente, de manera oficial y por escrito, que la Seguridad Social levante el embargo que pesa sobre esta cooperativa, de manera que se pueda garantizar el pago del ayuntamiento de manera directa a los trabajadores, para poder paliar la situación por la que atraviesan.
Bautista ha señalado que el cese de esta cooperativa "ha sido una irresponsabilidad por parte del ayuntamiento de la capital, cuando tiene las competencias de la atención de la ayuda a domicilio, por lo que es lamentable que no se quiera hacer cargo, tan lamentable como que los tribunales van a decidir que tendrán que pagar las cuantías que no han percibido estos trabajadores, que ascienden ya a tres mensualidades".
Irregularidades
El representante sindical indicó que la situación actual respecto a este servicio es que "el ayuntamiento comete un fraude de ley, porque no se hace cargo del servicio directamente, puesto que le han dicho a los usuarios que contraten con alguna de las tres empresas concesionarias y lo comuniquen a la corporación, que es quien hace el pago directamente, lo que va en contra de la ley y la plica firmada con la empresa donde se decía que una vez que devolviera el servicio, lo debía asumir el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque es un servicio público". Señaló que al trasladarse el servicio a una empresa privada, "se debió haber subrogado al personal, algo que exigimos en la demanda judicial, puesto que el servicio no se ha paralizado".
Por otra parte, desde el IMAS se cuestionó ayer estos datos, al asegurar sus responsables que "las 60 personas que ahora no reciben este servicio, habían decidido solicitarlo en septiembre", por lo que afirman que, al igual que en el pasado mes de agosto, "la prestación está al 100% de los 1.300 usuarios".