Dos semanas después de que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, rechazara una propuesta de las federaciones de asociaciones de vecinos de la capital, en la que se le planteaba que se estableciera, de nuevo, la declaración de emergencia social, ha decretado una serie de medidas urgentes para potenciar el área de Servicios Sociales, así como un incremento del 5% el presupuesto de esta materia en 2013.

Buena parte de las federaciones han rechazado ahora esta medida, pues consideran que en la ciudad se dan las circunstancias suficientes como para establecer la declaración de emergencia social que se estableció el 11 de mayo de 2009, y que fue levantada un año y medio después. Los responsables vecinales entienden que tanto el índice de paro, por encima del 30%, como el incremento de las solicitudes de ayudas sociales y un empeoramiento de la situación de las familias de Santa Cruz "justifican la declaración de emergencia social".

Sin embargo, la negativa municipal a dicha declaración se argumentó por el alcalde en que respondía a criterios burocráticos, aunque no se descartó hace dos semanas que se fuera a proceder a la optimización de los actuales recursos con el fin de duplicar la asistencia y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población.

Así, en el decreto del alcalde se contempla el destino de más recursos y medios a los servicios de Atención Social, en lo que respecta a la información de los ciudadanos; simplificación de los trámites y procedimientos en cuanto a las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), así como del acuerdo del IMAS de implantación del sistema de fiscalización previa limitada y exención previa de fiscalización de las prestaciones básicas.

Luis Febles, presidente de la Federación de Asociaciones del Litoral Anaguense (FALA), indicó que la decisión de que se refuerce el papel de las UTS, como refleja en el nuevo decreto, "es algo esencial, pues estas unidades deben saber lo que está pasando para que puedan prestar ayudas", pues, según indicó, "muchas familias tardan hasta 15 días en recibir una prestación de emergencia".

No obstante, indicó que "ante la situación actual, la ciudad está para una declaración de emergencia social, para acelerar aún más los trámites de las ayudas".

Victoriano Izquierdo, presidente de la Concave, consideró que "en Santa Cruz se dan todas las condiciones para volver a declarar la emergencia social", pues indicó que "cada día crece y se multiplica el número de personas que demandan asistencia social. La cosa está muy complicada", apostilló.

El histórico dirigente vecinal consideró que, aunque se contempla incrementar la partida para Servicios Sociales en un 5%, lo que representaría unos 400.000 euros más, "y pese a las dificultades por las que atraviesan las corporaciones, me parece muy poco para la realidad actual".

En este sentido, el máximo responsable de la Federación de Asociaciones del Distrito Once y Doce (Fadod), Evelio de Armas, también cree que el incremento del gasto previsto es insuficiente, a la vez que la medida más eficaz para hacer frente a las carencias de la ciudad y, en particular, del Distrito Suroeste, "es la declaración de emergencia social".

En cuanto al nuevo decreto del alcalde, dijo que "la situación ha empeorado tanto, que desde los barrios el único remedio es ayudar a quien más cerca tenemos", pues manifestó que "lo único que están padeciendo los colectivos más desfavorecidos, son recortes por todos lados".

Pedro Paz, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Tenerife (Favet), también considera que el incremento presupuestario "se queda corto para las necesidades actuales, pues, como mínimo, se debería dedicar el doble de lo que plantea el alcalde". Con casi 30.000 personas en el paro o dependiendo de las ayudas, "no queda otro remedio que declarar la emergencia social".

Juan Carlos Concepción, como presidente en funciones de la Federación de Asociaciones de Distrito de Santa Cruz (Fades), indicó que "lo que me extraña es cómo todavía no se ha decretado la emergencia social", pues aseguró que, "supuestamente, la anterior declaración se levantó por intereses políticos, pero es que ahora estamos peor que en el año 2010".

Para Concepción, los temas prioritarios son "los servicios sociales, la sanidad y la educación, que es lo que más preocupa a la población, en los que hay que centrarse", pues dijo que con las carencias actuales y las estrecheces económicas, "tampoco es suficiente un aumento del 5% en gasto social, porque la realidad es la que manda, ya que hay que preguntarse cuántas personas cobran los 426 euros y cuántas no".