El abogado y portavoz de la Plataforma en Contra del PGO, Felipe Campos, presentó ayer un documento detallado en la Cotmac a los técnicos que llevan el plan de Santa Cruz, el abogado Juan Diego Domínguez y la arquitecto Margarita Reyes Saavedra, para explicarles y ejemplificarles las supuestas irregularidades que contiene el proyecto. Como ya hiciera en julio pasado, aunque sin mucho éxito, el letrado insiste en que el texto planificador incluye unos 200 inmuebles o fincas a los que se les permite más edificabilidad al tiempo que se deja fuera de ordenación "a unas 80.000 personas acogiéndose al artículo 34", lo que cree un claro agravio comparativo.
Campos lamenta que, desde julio, los técnicos responsables "ni siquiera se hayan mirado" este tipo de cuestiones y lo relativo al PIOT y Costa Cardón. Según recalca, el incremento de edificabilidad beneficia a personas determinadas "con nombres y apellidos". "Dicen que se lo impone el artículo 34, algo inusual, y otro argumento es que sus casas están en las áreas colmatadas, pero, en cambio, se beneficia a personas concretas".
La Plataforma recuerda que, en julio, el abogado Diego Hernández les señaló "que no había visto esos incrementos, por lo que ahora se los aportamos de forma clara y esquemática, especificándoles todos los detalles". A su juicio, no se puede aludir al artículo 34 para dejar fuera de ordenación a 80.000 personas y, al mismo tiempo, permitir esa mayor edificabilidad, "que va en contra de ese artículo".
"Esperemos que ahora no puedan mirar a otro lado, como han hecho en otros casos. Trabajan para nosotros, cobran para eso y la normativa vigente tienen que mirarla toda. La Plataforma va a insistir y trabajar en esa línea para que los técnicos de la Cotmac cumplan su función, que para eso les pagamos".
Respecto al intercambio de cartas o comunicaciones en las últimas semanas entre el director de Política Territorial, Jesús Marrero, y el gobierno local respecto al PGO, campos cree que la afirmación de este responsable regional sobre que el ayuntamiento no puede aprobar parcialmente el plan ni suspender ámbitos desmonta la tesis de CC y PSOE y refuerza la necesidad de declarar el plan caducado para empezar desde el principio aprovechando lo que no haya quedado obsoleto.
Explicaciones en la Gerencia
Durante la comisión de Política Territorial celebrada en la mañana de ayer, el portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, le propuso al concejal del área, José Ángel Martín, que, ante la última polémica en torno a lo dicho por la Consejería de Política Territorial sobre las competencias locales respecto al PGO, se invitase al director general de ese departamento, Jesús Marrero, a que se explicase. Martín aceptó la iniciativa y, según señaló posteriormente a EL DÍA, desde ayer mismo comenzó las gestiones oportunas para que Marrero acuda en breve a la Gerencia a dar su versión sobre la polémica, ensalzada sobre todo por el PP, junto a diversos técnicos regionales. Según Martín, el resto de grupos se alejaron ayer de la interpretación que ha hecho el PP y se han acercado a la suya. Los conservadores, tal y como han recalcado en rueda de prensa y en el último pleno local consideran que Marrero ha desmontado lo dicho por el gobierno en el sentido de que aprobaba parcialmente el plan y suspendía ámbitos, para lo que el consistorio no tiene competencias. Además, advierten de las posibles consecuencias jurídicas.
Corrales insiste en la caducidad
Con independencia de las explicaciones que dé Jesús Marrero en la Gerencia de Urbanismo sobre lo que aprobó el pleno local el pasado 20 de julio y si tiene o no consecuencias jurídicas, ediles como el portavoz de Por Tenerife-IU-Verdes, José Manuel Corrales, anunció ayer a El Día que llevará una moción al próximo pleno para intentar convencer al gobierno de que renuncie a su hoja de ruta ante tanta incertidumbre y, sobre todo, ante lo que sigue considerando innegable: que el Plan General ha caducado. Corrales confía en lograr de antemano el apoyo de partidos como Sí se Puede y Ciudadanos de Santa Cruz. A su juicio, se sigue perdiendo un tiempo clave para retomar la planificación municipal desde el principio, resolver sin riesgos jurídicos ni incertidumbre futuras el fuera de ordenación, evitar "pelotazos" que se mantienen en el documento y situaciones como la mayor edificabilidad en determinados edificios o parcelas.
Su empeño, sin embargo, seguramente seguirá siendo baldío ante la seguridad que muestra el gobierno respecto a su hoja de ruta. Martín continúa convencido de que la Cotmac suspenderá los ámbitos que le han propuesto para tratar de resolver cuestiones como el fuera de ordenación. En este sentido, no solo confía en la palabra dada al alcalde por el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, sino por lo indicado hasta ahora por los técnicos y por precedentes como el de Los Llanos de Aridane, en La Palma. Frente a esto, la Plataforma recalca que no hay un documento técnico firmado que avale esa hoja de ruta, mientras el PP cree que se ha perdido un tiempo precioso para, al final, solo corregir los 45 reparos de la Cotmac y seguir con el plan de Zerolo, aprobado en 2011.