El anuncio del traslado de parte del Rastro de Santa Cruz, que despejará sus puestos de la avenida Bravo Murillo y de la calle José Manuel Guimerá, para repartirlos en varias calles de la zona alta y alrededores del Mercado Nuestra Señora de África, no convence plenamente a los vecinos de estos entornos, quienes han presentado a lo largo de los últimos años varios pleitos como consecuencia de las molestias que, a su juicio, les ocasiona la actividad de este mercadillo dominical.
Rosa Zárate, que es la representante legal de los vecinos afectados, indicó que, de hecho, este colectivo está esperando a que en el próximo mes de mayo se resuelva la última demanda presentada en los tribunales, a través de la cual se solicitaba al Ayuntamiento de Santa Cruz que revocara las licencias del Rastro, puesto que, indicó, "ya estaban caducadas en función de la disposición transitoria segunda de la ordenanza municipal del año 2009".
De igual forma, en dicha reclamación se planteaba que se dejara "el dominio público libre y expedito en las calles Bravo Murillo y José Manuel Guimerá".
Dicha caducidad, no obstante, también fue reconocida recientemente por una sentencia judicial, en este caso, producida a raíz de un pleito promovido por la Federación de Comercio de la Provincia de Tenerife (Fedeco).
La letrada explicó que la pretensión de mantener el Rastro en Juan Álvarez García hacia arriba (rambla de las Casetas Azules), como se ha formulado a través del acuerdo del ayuntamiento, administración y comerciantes, "también incumple la normativa, ya que por silencio positivo se estimó la revocación en dichas calles" conforme a una reclamación vecinal.
Además, argumentó que "en el decreto de 2010 por el que se trasponía la directiva comunitaria, aclaraba que los mercadillos no se pueden instalar en emplazamientos que dificulten la circulación, siendo esta una vía de tráfico muy importante de la ciudad".
Rosa Zárate indicó que "todos los pasos que está dando el ayuntamiento no obedecen al fruto de la negociación o el diálogo, sino a una consecuencia de las acciones vecinales y empresariales ante los juzgados".
En este sentido, señaló que "si los comerciantes tampoco pagan por ocupar la vía pública, ya tendrían que haber sido desalojados", y manifestó que la intención de regular ahora esta situación "es muy importante, pues la muestra de una licencia permite conocer la procedencia de la mercancía y la situación del vendedor".
En cuanto a la nueva sentencia que revela que las licencias están caducadas, Zárate dice que "tampoco representa una novedad, ya que ese aspecto se sabe desde el año 2009". También dijo que la circunstancia de que "nunca se haya pagado nada por desempeñar dicha actividad, representa que se produzca una prevaricación como la copa de un pino".
Zárate dijo que este colectivo solo se ha dedicado a solicitar al ayuntamiento que cumpla la normativa y su propia ordenanza, y que no permitiera un funcionamiento irregular.