El ayuntamiento de la capital tinerfeña celebrará el próximo viernes 26 un pleno municipal que incluirá la repetición de la votación sobre la privatización de Emmasa, en cumplimiento con la sentencia judicial dictada el pasado 20 de mayo, en la que se fija un máximo de dos meses para que se ejecute el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En dicha sentencia, emitida el 15 de septiembre de 2009, el TSJC anuló el acuerdo del pleno del ayuntamiento de 22 de junio de 2005 que decidió sobre el cambio de gestión de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua".

En aquel momento, CC y PP gobernaban en Santa Cruz y aprobaron la privatización de Emmasa, un acuerdo que fue recurrido ante los tribunales por el grupo Ciudadanos de Santa Cruz, de Guillermo Guigou. A raíz del procedimiento judicial, el TSJC ordenó repetir la votación que, si no mantiene el mismo sentido, podría obligar al equipo de gobierno a resolver el contrato a Sacyr Vallehermoso con la consiguiente penalización a favor de la concesionaria de la explotación, por valor de unos 40 millones de euros.

En aras de dar cumplimiento a la sentencia, los servicios jurídicos municipales emiten el 7 de junio de 2013 un primer informe sobre el plazo para celebrar la sesión, y advirtieron de que "finaliza el 21 de julio de 2013", por lo que ayer era el último día para celebrar el pleno. Sin embargo, un mes después, el 5 de julio, también los servicios jurídicos emiten un segundo informe sobre "si es necesario convocar una sesión plenaria de carácter extraordinario con anterioridad al 26 de junio". La misma directora del Servicio Jurídico, la misma autora del primer informe, concluye que "no es necesaria la convocatoria de una sesión extraordinaria con anterioridad a la sesión del 26 de julio".

¿Cuál fue el motivo que motivó la ampliación del plazo? En los dos meses de plazo máximo dado por el TSJC, y después de que se emitiera el primer informe, un grupo de asociaciones de vecinos, entre las que se encuentra 8 de Mayo, presentó una aclaración cuya tramitación interrumpe los dos meses de plazo para celebrar el pleno y se amplía el período tantos días como los que tardan en resolver la aclaración. Esto hace que el plazo final expire el 4 de agosto, y no ayer, como esgrimió la portavoz del PP, Cristina Tavío, en función del primer informe.

El concejal de Servicios General y presidente del consejo de administración de Emmasa, Dámaso Arteaga, considera que Tavío "ha cometido un error impropio de un alumno de carrera, que no incurriría en esa torpeza". "La portavoz del PP no se ha leído el expediente y demuestra que no tiene ni idea del asunto", dijo Arteaga.

El presidente del consejo de administración de Emmasa cree que Tavío "busca excusas para cambiar el sentido de su voto", cuando años atrás aprobó la gestión y ahora ya han anunciado que se desmarcarán, "como lo anunció su compañero en la comisión".

"Hay que tener poca vergüenza para fundamentar su decisión en una interpretación errónea", dijo Arteaga, para añadir que la "interpretación demuestra el nulo conocimiento del procedimiento judicial. Tavío nos defrauda con unas precipitadas declaraciones", para incidir en que "el cambio de voto del PP permitiría a Sacyr pingües beneficios a costa de los vecinos de Santa Cruz".