Los padres de Lorenzo Cabello Darias, que viven en un segundo piso en régimen de alquiler en Santa Clara, en el enclave conocido popularmente como Santa María Pequeña, están condenados a no moverse de su casa porque el impago de los gastos de la comunidad por una parte de los vecinos mantiene al inmueble desde el año 2009 sin ascensor.
Tanto su madre, Guadalupe Darias, que tiene ahora 77 años, y su padre, Antonio Luis cabello, también de avanzada edad, y que padece alzhéimer, sufren una compleja realidad que a este vecino de la capital le parece increíble, puesto que su progenitora, afectada además por la diabetes, sufrió hace un mes y medio la amputación de una pierna, "un inconveniente añadido para su ya de por sí difícil movilidad".
Lorenzo lamentó que su madre esté "más condenada que hasta ahora a quedarse en su casa", hasta el punto de que después de que le dieron de alta en el centro hospitalario en el que fue intervenida, "ya no ha vuelto a ver la calle". Al carecer de ascensor el edificio por impago, Guadalupe necesita un silla de ruedas, por lo que "es imposible bajarla por las escaleras", una labor igual de dificultosa en el caso de su padre, quien necesita para moverse por la calle una andadora.
Cabello Darias explicó que esta realidad, que afecta a otras personas de avanzada edad que viven en los pisos superiores, "obedece a que en el momento de entregar las viviendas se realizó a boleo, ya que los pisos inferiores fueron cedidos a las personas más jóvenes, mientras que los de los niveles superiores fueron a parar a matrimonios de personas ya mayores".
Todos los residentes pertenecen a la antigua Santa Clara y, según Lorenzo Cabello, "su traslado se acometió en una época en la que todo se hacía sin sentido, ya que no se pensó ni lo más mínimo en lo que podría ocurrir a la hora de una evacuación, ya que lo lógico es que en los pisos bajos deberían estar quienes padecen más problemas de movilidad".
La carencia del ascensor afecta a sus padres hasta el punto de que "ya solo salen de la casa cuando es estrictamente necesario ir al médico especialista". En estos casos, señala que hay que llamar a una ambulancia, para que el personal del SUC les ayude a bajar, porque "la falta de solidaridad de unos cuantos les condena a estar presos en su propia casa".
Además del impago que impide que el ascensor vuelva a funcionar, porque no hay cobertura para su mantenimiento obligado, la falta de liquidez y conciencia repercuten en la limpieza, principalmente en los primeros pisos, donde la higiene brilla por su ausencia.
Esta es una situación que se ha producido porque no se ha constituido una nueva junta de propietarios, ya que los vecinos no quieren asumir esta responsabilidad tras una controvertida gestión de la anterior junta.
Por esta falta de atención, algunos residentes comparan el estado del edificio con un campo de minas o una zona bombardeada, "sometiendo a los demás a vivir como no les gusta".
Lorenzo planteó, incluso, la posibilidad de asumir él la deuda contraída por la comunidad por el ascensor, pero también mostró su incertidumbre y temor, porque, señaló, "nadie me garantiza que lo destrocen quienes ahora no pagan".
En el resto de bloques no se reproduce esta imagen de abandono, a pesar de que en el que viven Guadalupe y Antonio sus vecinos han realizado todo tipo de gestiones, pero lamentan que nada haya funcionado, "pues incluso han estado semanas las escaleras sin luz y para llegar a las casas había que utilizar la luz del teléfono móvil".
Para este ciudadano, que creció junto a sus padres en el antiguo bloque 9 de Santa Clara, es lamentable que sus progenitores "vivan así porque hay quienes quieren someter a los demás a lo mismo", y con la impotencia de que la Administración, que "es la propiedad última, no se quiere mojar".
Antonio solo dispone del escaso espacio que discurre desde su salón al pasillo para hacer su vida, donde cada día se tropieza de frente contra la puerta del ascensor cerrado y el cartel que recuerda, 4 años después, que está fuera de servicio. A las puertas del edificio, en el tablón, los anuncios parecen estar lejos de la realidad, pues reflejan normas que nadie respeta. Son pautas de convivencia que de nada sirven, ya que relegan y condenan a personas con movilidad reducida a seguir en sus casas.