El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, dijo hoy que el Gobierno de Canarias ha dado preferencia a los intereses de Cepsa frente a la salud de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, al no informar de los episodios de elevada contaminación que atribuye a la refinería.
Rodríguez, que ha atendido una petición del concejal de Por Tenerife-Los Verdes, José Manuel Corrales, para llevar al Parlamento este asunto, preguntará en el pleno de mañana al presidente regional, Paulino Rivero, sobre las medidas que ha adoptado ante las denuncias sobre la superación de los niveles de contaminación legales.
Subrayó que esa denuncia ha sido asumida por la fiscalía y podría tener consecuencias penales por no haber alertado el ejecutivo a la población.
El portavoz de Nueva Canarias, que además ha solicitado una comparecencia en el pleno del consejero de responsable de medio ambiente, José Miguel Pérez, pidió al Gobierno de Canarias que no se ponga a la defensiva y que reconozca sus errores por no alertar a la población, una obligación legal que se ha incumplido "de forma flagrante".
En su opinión, "se ha tratado con benevolencia" a Cepsa durante "demasiado tiempo" y se han interpretado las normas en función de los intereses de la empresa a costa de la salud de los ciudadanos.
"Si logramos que el Gobierno de Canarias sea la mitad de exigente con Cepsa de lo que lo es con Repsol por las prospecciones petrolíferas, esto cambia", afirmó Román Rodríguez.
Consideró un paso positivo que a raíz de la presión ciudadana y de la denuncia aceptada por la fiscalía, el Gobierno canario haya decidido reactivar el plan de calidad del aire de Santa Cruz y La Laguna.
Insistió en que si se demuestra que la falta de advertencia a la población tiene consecuencias sobre la salud de las personas, el asunto puede tener consecuencias penales, porque las alertas a los ciudadanos establecidas en la ley son de obligado cumplimiento, no algo que responda a la discrecionalidad de ninguna autoridad.
También demandó más transparencia al Gobierno de Canarias para poner a disposición del público la información sobre los niveles de contaminación, porque actualmente "hay que ser casi un experto" para conseguirla.
El concejal José Manuel Corrales, que agradeció a Nueva Canarias su sensibilidad por llevar este asunto al Parlamento, subrayó que se trata de un problema de máxima trascendencia, porque afecta a la salud y a la vida de las personas.
El Gobierno de Canarias, dijo, tiene que explicar cómo es posible que se hayan superado los límites legales de azufre en el aire 381 veces en los últimos diez años sin avisar a la población para adoptar medidas preventivas ante efectos como cardiopatías, afecciones respiratorias y muertes.
"Hemos respirado niveles ilegales de azufre y el Gobierno de Canarias tiene la obligación legal de alertar a la población" y no es admisible que justifique su silencio en que no quería alarmar a los ciudadanos, denunció José Manuel Corrales, quien también criticó la pasividad del Ayuntamiento.
Corrales criticó además que el Gobierno de Canarias haya encargado las mediciones de la contaminación a una empresa "claramente vinculada a la refinería", porque es la que realiza su auditoría medioambiental.
Anunció que Por Tenerife-Los Verdes se va a personar en la denuncia de la fiscalía y animó a los vecinos a sumarse para convertirlo en una personación popular.
También dijo que su partido mantendrá una "movilización continuada" para exigir que se cumpla la ley de calidad ambiental, y, a medio plazo, plantear la salida de la refinería de la ciudad.
"Con la vida y la salud de las personas ni se negocia ni se juega", subrayó el concejal, para quien en este caso hay responsabilidades administrativas, políticas y posiblemente penales.
En su opinión, la razón de que no se avise a la ciudadanía de los niveles de contaminación no es para no preocuparla, sino porque hay "cierta complicidad con una empresa que manda mucho".