Unos 79 millones de euros son los que se han invertido en el desarrollo del proyecto de la playa de Las Teresitas, "el pelotazo especulativo más grande la ciudad", en palabras Guillermo Guigou, concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, o "la historia más triste y humillante" para la ciudad, según Carmen Rosa Santos, vocal de la Asociación Amigos de la playa de Las Teresitas, Anaga y su Litoral. Ese fue el preámbulo de un acuerdo definido como histórico en el que el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por unanimidad, aprobó ayer la reprobación social y política de la operación de Las Teresitas.
Lo que nació como una propuesta del concejal de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, concluyó con un texto alternativo surgido del gobierno municipal a través del que el Pleno "lamenta los efectos negativos evidentes" que este asunto ha ocasionado a la ciudad; muestra su respeto "a la presunción de inocencia" y su colaboración con la justicia poniendo a su disposición toda la documentación precisa; "rechaza la corrupción en todas sus formas, comprometiéndose a combatirla con toda contundencia desde sus competencias" y ratifica "su firme voluntad" de ejecutar las sentencias judiciales del caso".
CC, PSOE, PP, Sí se Puede, Por Tenerife y Ciudadanos "instamos a realizar diligentemente en la causa penal todas las gestiones y los trámites oportunos,por la vía legal más rápida, tendentes a la recuperación de dinero que en su momento pagó el ayuntamiento, y cuyo expediente fue declarado contrario a derecho por sentencia del Tribunal Supremo en el año 2007".
El acuerdo unánime concluye con el compromiso de la corporación de "esperar a las resoluciones judiciales en cada una de las causas abiertas antes de culminar cualquier investigación propia que trate de depurar responsabilidades. Si de dichas resoluciones judiciales se derivase la culpabilidad de cualquier personal funcionario, laboral o eventual del ayuntamiento, se adoptarán de inmediato las medidas necesarias para separarlos de sus funciones, conforme a los trámites legales y administrativos oportunos".
Aunque el acuerdo fue unánime, el debate evidenció las diferencias entre quienes (José Alberto Díaz-Estébanez -CC- a José Manuel Corrales -XTF-) reprocharon la "interpretación sesgada y prejuzgada" de este asunto, quienes (Ana Zurita -PP- y José Ángel Martín -PSOE-) preferían mirar hacia adelante y promover acciones de mejora (de hecho, el gobierno municipal anunció el comienzo de la redacción del plan especial de la playa de Las Teresitas a principios de 2014) y aquellos (Guigou y Corrales) que incidieron en criticar lo hecho hasta ahora.
"Ponernos de acuerdo en que hay que pasar página y recuperar Las Teresitas" es un hito para la ciudad, sentenció el proponente de la moción, José Manuel Corrales, a quien Hilario Rodríguez (CC) mostró su malestar manifestándole que "he aguantado que se insulte a los que formamos la corporación anterior" y recordarle que "el cohecho quedó en malversación". Fue tajante al decir que "mis compañeros no eran chorizos ni corruptos". Su enfado crecía: "Puedo haber metido la pata, ya se verá, pero no la mano". Seguro de que "le gustaría (Corrales) ser como un pequeño Napoleón", dijo que "lo que se ha hecho en este pleno es un juicio y linchamiento de funcionarios y de políticos ".
Factura a Perrault, La Concepción y Celgán
Entre los acuerdos económicos adoptados ayer por el Pleno de Santa Cruz estaba una modificación presupuestaria para pagar una factura al arquitecto francés Dominique Perrault (negado por el concejal José Ángel Martín) por 20.807 euros; otra cuantía para la restauración de La Concepción; 261.000 euros para devolver fianzas y hasta 157.000 euros para demoler el forjado de la antigua fábrica Celgán. La oposición, aunque disconforme con todo ello, se abstuvo en la aprobación de este asunto.
Otros 666.000 euros para pagos a Titsa
Mientras Santa Cruz destina 13 millones de euros al año a sufragar el transporte público, La Laguna invierte algo más de un millón. Con esa reflexión concluyó el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, su defensa de otra modificación que incluye 666.705 euros para pagos a Titsa. Alexis Oliva (PP) señaló que la desviación económica en el coste del servicio de guaguas para el municipios es de casi 4,5 millones, de los que restarán dos millones por pagar este año, dijo. Bernabé resaltó que "hemos logrado una quita de dos millones en intereses de demora" en el pago de facturaciones pendientes del mandato anterior y que se contemplan en esta modificación presupuestaria.
"Y pasan los viernes y el dique no avanza"
El dique de San Andrés volvió al Pleno ayer. Fernández Arcila lo explicó sucintamente: "...Y pasan los viernes y el Gobierno central no avanza nada con el dique". La alusión era al anuncio (4 de septiembre) del PP de que el Consejo de Ministros declararía la urgencia de la obra en su siguiente reunión. Ya ha habido 13 más y la situación no ha variado.