La última sesión de la vista oral que ha sentado en el banquillo de los acusados a cuatro exconcejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a tres técnicos municipales por la supuesta construcción ilegal de un edificio para aparcamientos en la cabecera de la playa de Las Teresitas se saldó ayer con la petición de la fiscal, Inmaculada Violán, de que todos los procesados sean condenados a la pena máxima que contempla el Código Penal para los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. Así, tanto el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, como los de Obras y Servicios Públicos, José Domínguez Pastor y Norberto Plasencia, se enfrentan a una condena de tres años de prisión más una inhabilitación de ocho años, al igual que la arquitecta municipal y responsable de la supervisión del proyecto, Loreto Ariz.

Para la también exconcejal de Urbanismo Luz Reverón, Inmaculada Violán sin embargo pide dos años de cárcel, la misma condena que para los asesores de Urbanismo Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, ya que considera que su implicación en el desarrollo de los hechos fue de menor calado.

En su conclusión final, la fiscal destacó que la obra del "mamotreto" comenzó sin que Costas firmara el convenio que la debía autorizar "y que nunca llegó a firmarse", y recordó que también había un "importante condicionante en la disponibilidad de terrenos, ya que se hallaba en recurso de casación la compra-venta de toda la playa, que finalmente fue anulada en 2007".

En su alegato final, Violán defendió que "Costas realizó correctamente todo su proceso", algo que considera que no hizo el ayuntamiento, relatando que "un proyecto de este calado y que tenía un coste de más de 25 millones no se sacó a exposición pública y su expediente son solo ocho folios".

"Cualquier pequeña obra tiene más documentación que este expediente en el que, por otra parte, en ningún momento se habla de ocupación del dominio público, pese a que se sabía que iba a afectarse", insistió, antes de manifestar que si pedía estas penas era porque "no hay una infracción más grave en el Ley de Ordenación del Territorio (...) y si se condena severamente a cualquier persona que construye donde no debe, con más razón a quienes lo hacen en la zona protegida y su condición es de representantes públicos".

Sin embargo, desde la defensa, los letrados se afanaron en recordar que los políticos siguen las recomendaciones que les hacen técnicos y asesores.

"¿Quién debía de verificar si se afectaba o no la servidumbre? ¿El concejal? No. Para eso están los técnicos, que son los que asisten a los políticos y eso es lo que hay que juzgar aquí", insistió el abogado de Manuel Parejo antes de considerar que "la acusación no se sostiene porque no existe prueba alguna que la sostenga".

Se estima que la sentencia podrá conocerse en dos meses.