El Mamotreto, esa palabra que no aparece en una sola línea del proyecto del arquitecto francés Dominique Perrault, pero con la que todo el mundo identifica la estructura que se alza a la entrada de la playa de Las Teresitas, ha vuelto a ser protagonista esta semana con la finalización del juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados a cuatro exconcejales de Santa Cruz de Tenerife (José Domínguez Pastor, Manuel Parejo, Luz Reverón y Norberto Plasencia) y a tres técnicos municipales (Loreto Ariz, Candelaria Ariz y Epifanio Gómez).

Sin embargo, el grueso de los santacruceros desconoce exactamente qué es lo que ha sucedido para que este proyecto -que llegó a tener una importancia para la ciudad como el de la plaza de España o la reordenación del puerto-, se haya quedado en agua de borrajas, pese a haber costado a las arcas municipales alrededor de diez millones de euros, tal y como confirmó en calidad de testigo durante el juicio el actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín.

Fue en el año 1999 cuando el arquitecto francés Dominique Perrault ganó el concurso de ideas sobre el frente marítimo de Las Teresitas convocado por el Ayuntamiento, aunque ya existía un acuerdo con Costas desde 1998 para la redacción de un proyecto conjunto, hasta el punto de que en aquel momento se dijo que Las Teresitas sería la Copacabana europea.

Fue en 2004 cuando el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo tomó la decisión de construir el aparcamiento con zonas comerciales ideado por Perrault, redactándose un proyecto valorado en 40 millones de euros, comenzando las obras en 2006.

Pero, ¿quién dio la orden de que comenzaran los trabajos? Esa es una de las cuestiones que la jueza, Beatriz Méndez, deberá aclarar en su sentencia, puesto que, lejos de reconocer su autoría, todos los ediles sentados en el banquillo de los acusados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística negaron ser los responsables y señalaron a compañeros de gobierno de otras áreas o a sus antecesores.

En cualquier caso, ni en 2004 ni en 2006, ni siquiera cuando las obras se paralizaron en 2008, existía un convenio con Costas que permitiera la ejecución del proyecto y menos aún que este invadiese servidumbres o el dominio público marítimo terrestre.

"Conocer el deslinde no es mi competencia", declaró ante la jueza la jefa de Servicios de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras en el Ayuntamiento de Santa Cruz, María Loreto Ariz.

"A mí me llegó un expediente que aseguraba que el proyecto estaba completo y sin reparo alguno y lo aprobé", testificó el que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, asegurando que "ni antes, ni durante, ni después nadie me advirtió de que hubiese ningún error en él".

Por su parte, el exdirector general de Política Territorial, Epifanio Gómez, aseguró que no sabía si el deslinde había cambiado o no, pero que, en cualquier caso, nunca supo que su informe iba a ser la base de la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento. "De haberlo sabido me hubiera negado", dijo en el juicio".

El exconcejal de Obras y Servicios Público José Domínguez Pastor dijo que nunca vio ningún informe relacionado con el trabajo de Perrault.

"Yo pensaba que el proyecto tenía todas las autorizaciones precisas para llevarse a cabo", manifestó en su declaración la también exconcejala de Urbanismo Luz Reverón antes de señalar que "no era Urbanismo, sino Obras y Servicios quien llevaba el peso de todo".

Norberto Plasencia (exconcejal de Obras y servicios) y Candelaria Benítez (técnico de Urbanismo) no se pronunciaron, puesto que se negaron a testificar y se ratificaron en su declaración inicial.

Sin embargo, dos interventores, José Luis Roca y Esther Pérez, probaron documentalmente que durante cerca de dos años estuvieron poniendo reparos a las obras porque no contaban con el preceptivo acta de replanteo, lo que conllevó la suspensión de los pagos, pero no de las obras.

La sentencia de mayo de 2007 del Supremo por el que se anulaba la compraventa de Las Teresitas tampoco supuso la paralización de las obras, pese a que afectaba a la disponibilidad de los terrenos, aunque sí hizo que Costas desistiese y abandonase su participación.

Fue en enero de 2008 cuando una ciudadana vinculada al movimiento ecologista, Dolores Jutta, presentó una denuncia en Fiscalía. "Creíamos que se estaba construyendo una rotonda, pero vimos que era un edificio".

Fue esa demanda la que finalmente ha causado esta vista oral, si bien no fue el motivo de la paralización de la obra que se produjo el 28 de septiembre de 2008 cuando, tras una reunión en Madrid con miembros del Ministerio de Medio Ambiente Luz Reverón confirmó que "la titularidad de los terrenos no estaba clara y que Costas jamás firmó el acuerdo en el que se basaba todo".

No obstante, para varios expertos que declararon en el juicio el proyecto todavía es viable si se obtiene la certificación de Costas, ya que tendría cabida dentro del PGO, pero todo indica que el ayuntamiento no está por la labor, ya que quiere gastarse ni un euro más en él y busca distanciarse de todo lo que esté relacionado con el denominado "caso Las Teresitas" y lo más importante, que la juez, tal y como le ha solicitado la fiscal, puede declarar "nula de pleno derecho" la construcción que se halla abandonada desde hace cinco años a la entrada de la playa.