La sala de Lo Penal del Tribunal Supremo (TS) emitió un auto, el 16 de diciembre pasado aunque dado a conocer ayer, en el que se declara competente para instruir y, en su caso, enjuiciar al senador y exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo Aguilar. Se trata de investigar un presunto delito de cohecho derivado de las indagaciones que realizó la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, una vez conocieron el contenido de documentos incautados a Fórum Filatélico.
Los hechos que motivan esta actuación del Supremo están relacionados con la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el litoral de San Andrés y la recalificación de dos parcelas de terreno en Valle de Tahodio durante al año 2004.
El TS expone en el auto que el Juzgado Central número 5 detectó una "nota confidencial de pagos" referidos a la empresa Parque Marítimo Anaga (PMA) para, entre otros, Miguel Zerolo (tres millones de euros "a la formación política que representa") y a Luis Suárez Trenor, entonces presidente de la Autoridad Portuaria ("el 50% de las obras a ejecutar" por el puerto). A ello añade el presunto compromiso de pagar 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga y 30.000 euros al año a la asesora urbanística Herminia Gil.
En el mismo auto se alude a diligencias de la Audiencia Nacional en las que se indica que durante la tramitación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife "se cometieron diversas irregularidades para acomodarlo a los intereses de José Ana Pérez Labajos (empresario), que actuaba como cabeza visible de la entidad Parque Marítimo Anaga (PMA), a pesar de haber cesado su vínculo con esa entidad". Es más, se apunta que Pérez Labajos vendió a la hermana de Miguel Zerolo una vivienda a la mitad de su precio real (154.545 euros, cuando la Policía la tasa en 330.141).
El auto del Tribunal Supremo también menciona que la Audiencia Nacional aludió a "la actividad directa de Miguel Zerolo Aguilar para que se llevara a cabo el convenio a fin de lograr la reclasificación de los terrenos mencionados dentro del PGOU", con el resultado de que la empresa PMA logró "aumentar considerablemente la superficie edificable".
El hecho de que el Supremo admita separar este asunto del sumario que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife hace que sea el tercer caso que abre el TS contra el senador por designación del Parlamento canario, Miguel Zerolo, por su gestión como alcalde.