En el número 40 de la avenida Tres de Mayo se encuentra la sede de Gerencia Municipal de Urbanismo, una edificación en cuya azotea se encuentran cuatro chimeneas. Dentro de estas hay sendas antenas de telefonía móvil, de las cuales solo dos aparecen registradas en el censo del Ministerio de Industria. La inspección ocular del espacio permitió constatar que a día de hoy siguen ubicadas la misma cantidad de estas estaciones base camufladas.

Curiosamente, las chimeneas no son perceptibles desde la vía pública ni edificaciones próximas, si bien el gobierno municipal tiene conocimiento, desde septiembre de 2011, de quejas por la presencia de estos elementos. Los delegados de prevención de la institución presentaron un informe propuesta al tener conocimiento de "una situación de riesgo psicosocial". El documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, contiene información gráfica de la inspección que realizaron.

Transcurridos más de dos años, las antenas de telefonía móvil permanecen en su emplazamiento, a pesar de que los denunciantes no obtuvieron una respuesta, conociendo "extraoficialmente" que "el gobierno municipal asegura que retiraron dos".

El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, anunció que las reuniones para la adaptación de las "Ordenanzas municipales reguladoras de las condiciones para la instalación y construcción de infraestructuras de telecomunicación en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife" comenzarían a mediados del mes pasado.

A los trabajadores les preocupa la proximidad de estos elementos tanto a su puesto de trabajo como del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Tomé Cano y a unos 130 metros del Centro de Atención Especializada (CAE) JA Rumeu (Tome Cano).

El malestar que transmiten los trabajadores municipales no ha pasado inadvertido para algunas fuerzas políticas. Es el caso de Sí se Puede (SSP), que se interesó por este asunto, especialmente por los motivos que hacen "indetectable" la percepción de canon alguno por la presencia de las antenas en el edificio de la Gerencia de Urbanismo, teniendo en cuenta "que se debe tratar del subarriendo del dominio público", ya que la edificación es una titularidad del Organismo Autónomo Viviendas Municipales.

En el texto de la normativa vigente en el municipio sobre la materia se estipula que el importe que deben abonar las empresas por instalaciones de este tipo cada tres meses oscila entre los 86.000 y los 1.200 euros.