La última Prestación Canaria de Inserción (PCI) tramitada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el 28 de diciembre de 2013. Desde ese día, ni una nueva solicitud se ha iniciado en la instalaciones del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), tal y como confirman los propios trabajadores sociales de las Unidades de Trabajo Social (UTS) e incluso el operador telefónico encargado de dar las citas para solicita esta ayuda que reconoce que no hay fecha para que vuelvan a tramitarse.

"Lo mejor es que vuelva a llamar dentro de algunas semanas o, si lo prefiere, le doy cita para finales de marzo o principios de abril y si de aquí allí ya hay personal, usted será uno de los primeros en poder tramitar la PCI y si no es así, vuelva a pedir cita". Este es el mensaje que se les trasladan los telefonistas a todos los que llaman al teléfono gratuito de cita previa del IMAS, el 900-111-333, pidiendo cita para PCI.

El problema, según la corporación capitalina, es la falta de personal, aunque el convenio entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para la contratación de trabajadores que tramiten este tipo de ayudas básicas se firmó la primera semana de enero.

Y es que se trata de empleados cuya mayor parte de la nómina la abona el Gobierno canario que, a su vez, es quien se hace cargo del pago de la prestación.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el único de Canarias que se encuentra en este situación. Basta recordar que, por ejemplo, sin salir del área metropolitana, en La Laguna estos trabajadores han sido reconocidos como personal interino y, dado que en los presupuestos generales de la Comunidad Autónomo se conocen desde finales de diciembre y consta la partida, garantizan la continuidad de los trabajadores desde 2009.

"A mí todavía no me han avisado de nada. Hay años en los que he empezado a trabajar en marzo, otros en abril y otros en junio, así que no sé cuánto tardaré en incorporarme esta vez", relata una de las trabajadoras sociales que lleva más de cuatro años siendo contratado para esta función.

Su máxima preocupación es el número de expedientes que se va a encontrar cuando regrese.

"El año pasado en mi UTS habían más 200 solicitudes pendientes de iniciar, vete tú a saber si este año serán más o serán menos. En cualquier caso es una falta de respeto al usuario y sobretodo a la ley porque si en algo hace hincapié es en que no se trata de una mera prestación económica, sino que ha de llevar aparejado todo una estrategia de inserción y de eso parece que se olvidan cuando no dejan ni tiempo para conocer en detalle las circunstancias en las que se encuentran los usuarios", se queja este profesional social.

Por si fuera poco, desde Sí Se Puede, la concejal Asunción Frías recuerda que esta práctica de paralizar el servicio durante unos meses fue recriminada duramente por el Diputado del Común el año pasado.

"Una señora fue a presentar una solicitud de una PCI y como no se la quisieron admitir se fue al Diputado del Común y comunicó su situación. Obviamente, la institución hizo una llamada pública de atención recordando que el ayuntamiento, en ninguna de sus áreas, puede negarse a recoger una solicitud de un ciudadano, pero parece que no ha servicio de nada porque este año está pasando exactamente lo mismo", detalla Frías que mantiene que "en algunas UTS se está haciendo una lista rudimentaria por orden de llegada de los solicitantes de PCI para cuando regresen las trabajadores sociales y en otras ni siquiera hay eso y se les dice que llamen hasta que puedan concertar una cita directamente con ella".

Cabe destacar que lo que sí se está haciendo desde el IMAS son los trámites de las prórrogas o renovaciones de las PCI, pero ninguna petición nueva.

expedientes sin tramitar es lo que esperan encontrarse los trabajadores sociales de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) cuando se incorporen a su puesto de trabajo

Alicia Álvarez: "Actuamos conforme a la legalidad"

La responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Alicia Álvarez, reconoce la paralización de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero la justifica asegurando que el ayuntamiento está cumpliendo con la ley.

"Le he solicitado a la consejera de Política Social, incluso por escrito, que se estudie la forma de que este tipo de subvenciones tengan una plurianualidad, siempre supeditada a los presupuestos, para que pueda tener continuidad y no haya estos parones, pero nos dicen que no porque el Plan Concertado, que es de donde viene la PCI y otras cuestiones, es anual, así que la subvención se extingue siempre el 31 de diciembre el año en curso, obligando al ayuntamiento a suspender la contratación para no cometer un delito".

Preguntada por cómo es posible que en el resto de corporaciones no suceda esto y que, por ejemplo, en La Laguna el personal se haya contratado como interino, Álvarez asegura que "ya lo he preguntado, pero en Recursos Humanos consideran que se está actuando de la forma más correcta, legalmente hablando".

"Si contratas personal para la PCI es solo para eso, de manera que cuando se extingue la subvención hay que cesar este contrato, si continúan ya están haciendo otras cosas y sería ilegal", aclara la edil.

Respecto a cuando se reanudará el servicio, detalla que "está previsto que para primeros de marzo estén contratados los profesionales para la PCI".