El conflicto que libran los trabajadores de la empresa Santa Cruz Software con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le ha costado a Francisco José Acosta prácticamente todo lo que poseía.
De tener un trabajo estable y un sueldo ha pasado a mudarse a un piso de alquiler social, subsistir gracias a la ayuda de sus familiares y de ONG como Cruz Roja y a tener deudas por todos lados. Sin embargo, cuenta con una sentencia firme del Juzgado de lo Social que acredita que el Ayuntamiento capitalino le debe más de 45.000 euros y que, a todos los efectos, es un trabajador municipal que ha de regresar de inmediato a su puesto.
"Trabajé en Santa Cruz Software desde enero de 1999 hasta diciembre del año 2011 hasta que se acabó la prórroga del convenio. Ya por aquel entonces muchos compañeros me recomendaron que denunciara al ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores, pero yo no quería meterme en ese follón", señala Francisco Acosta.
Y es que este informático explica que, a todos los efectos, él y sus compañeros eran trabajadores del ayuntamiento.
"El material, nuestros despachos, el teléfono y demás era todo del ayuntamiento. Las órdenes nos las daban allí y eso quedó claro en el juicio, por lo que el juez declaró la nulidad de mi despido y de otros dos compañeros y la reposición en nuestro puesto por haber cesión ilegal ", detalla Francisco Acosta.
La sentencia en la que se le da la razón a Francisco en todos los puntos es del 15 de enero de 2013 y en ella, además de la readmisión, se obliga al ayuntamiento a abonar los salarios que dejó de percibir desde que fue despedido, fijando las nóminas en 1.898,91 euros.
"Son algo más de 45.000 euros que la justicia ha dicho que me corresponden y, sin embargo, estoy acudiendo a los servicios sociales para que me ayuden económicamente porque no tengo para vivir desde que se me acabó el paro. Es de locos", se queja este especialista en grabación de datos.
Tras la sentencia, el ayuntamiento presentó un recurso que después retiró, momento en el que la sentencia pasó a ser firme.
"Ya he pedido la ejecución de la sentencia, pero es increíble que el ayuntamiento me tenga de esta manera", lamenta, antes de explicar que la prestación por desempleo se le acabó en agosto y que tuvo que mudarse a un piso de alquiler social.