La sentencia del denominado caso Mamotreto sigue trayendo de cabeza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y así quedó de manifiesto durante las cerca de siete horas que duró la sesión plenaria de ayer, puesto que fue el protagonista de la mayor parte de los discursos políticos.
Tras una acalorada discusión, que incluso conllevó un receso para tratar de acordar que el orden del día se modificara para adelantar la votación sobre la demolición de aparcamiento ubicado a la entrada de la playa de Las Teresitas, el alcalde se negó a autorizarlo porque Coalición Canaria (CC) no estaba de acuerdo y "sin unanimidad no es oportuno". Así que hasta las cuatro de la tarde no se abrió el debate sobre la demolición, aunque hubo alusiones de todo tipo en la práctica totalidad de los 20 puntos anteriores.
Aunque el sentido negativo del voto del equipo de gobierno estaba prácticamente cantado desde que la tarde anterior trascendiera que la asesoría jurídica recomendaba que el ayuntamiento no debía proceder a la demolición porque no era parte de la causa y porque los únicos responsables de ello debían ser los condenados, la expectación era máxima para conocer qué justificación daría el Partido Socialista para votar en contra de una medida que él mismo llevó a pleno hace ahora cinco años y que consiguió aprobar con el apoyo de todos los grupos salvo CC.
"Yo elegí un camino hace mucho tiempo y en él me mantengo", comenzó diciendo el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín (PSOE), después de escuchar a los representes Ciudadanos de Santa Cruz (Guillermo Guigou), Sí se Puede (Pedro Fernández Arcila) y Por Tenerife (José Manuel Corrales), recordándole que el ayuntamiento tenía la obligación legal, moral e institucional de cumplir con el acuerdo plenario de 2009.
"Hoy hay una sentencia muy contundente, pero que no es firme -continuó manifestado Martín- y por eso no lo puedo aceptar. Eso no significa que vaya a quedarme con los brazos cruzados. Hay que actuar en el ámbito de la legalidad y por eso ya se ha iniciado un trámite para depurar la legalidad de esa construcción. Si es ilegal, se tirará lo diga una sentencia o no".
No obstante, el edil de Urbanismo no cerró la posibilidad de que la sentencia se haga firme y que el ayuntamiento también pueda utilizar el fallo como base legal, aludiendo a que la Audiencia Provincial tardará alrededor de cinco meses en resolver los recursos de los condenados.
Sin embargo, el discurso de CC, por boca del portavoz, José Alberto Díaz Estébanez, dejó patente que no hay unidad en este tema. "Si es ilegal se tira y si es legalizable pues se tomará aquella medida que sea mejor para Santa Cruz".
Con las manos aún en la cabeza tras escuchar a Díaz Estébanez, Guigou consideró que "se ha tirado el trabajo realizado los últimos seis meses", mientras que Corrales vaticinó que "salvo que los juzgados le pongan una pistola en la nuca el ayuntamiento nunca va a tirar ese monumento a la corrupción" y Pedro Hernández Arcila recordó que podría pasar lo mismo que en el Puerto de la Cruz, donde se ha imputado a dos concejales por no hacer su trabajo.
"El espectáculo que está dando el equipo de gobierno no se lo merecen los ciudadanos", manifestó el portavoz del PP, Manuel Fernández, para el que en cualquier caso el "mamotreto" sigue siendo legalizable, motivo por el que su grupo votó junto a CC y PSOE.
El asesoramiento jurídico a la víctimas, en tierra de nadie
La continuidad del servicio de asesoramiento jurídico a las víctimas del delito fue una de las cuestiones que mayor enfrentamiento causó ayer entre el equipo de gobierno conformado por el CC y PSOE y la totalidad de la oposición.
"El ayuntamiento le ha comunicado a tres trabajadoras que llevan muchos años prestando todo tipo de ayuda jurídica a las personas que más lo necesitan que serán despedidas en breve, al tiempo que anuncia que creará un servicio muy parecido dentro de los servicios sociales y nosotros nos preguntamos por qué no se les mantiene en su puesto hasta que se saque el oportuno concurso y se adjudiquen las plazas", inició el debate la portavoz de Sí se Puede, Asunción Frías, antes de mostrar su preocupación por el hecho de que en la instrucción del nuevo servicio se incluye la posibilidad de que este sea privatizado.
"Nosotros queremos que el servicio que se va a crear sea gratuito, público y que se ubique físicamente en los servicios sociales porque estamos seguros que es la única manera de garantizar su calidad, pero hasta que ese proceso colectivo se pueda hacer que se mantenga al personal actual, entre los que hay una persona que está de baja por maternidad y otra persona que lleva 18 años prestando servicios al ayuntamiento", insistió Frías que recibió el apoyo de toda la oposición.
"No está en nuestra mano mantener a ese personal porque está sujeto a una subvención que ha desaparecido, pero lo que sí podemos hacer es garantizar que los usarios van a seguir contando con ese servicio que, además, forma parte de uno de los pilares del Plan Estratégico de Servicios Sociales", le respondió la máxima responsable de Atención Social, Alicia Álvarez, que evitó referirse a la posible privatización.
Fue el alcalde, José Manuel Bermúdez, el que reconoció que "hay que buscar una solución jurídica ante una situación sobrevenida, ver los pros y los contras de su externalización y saber lo que recomiendan los servicios jurídicos municipales".