El futuro de la estructura construida en la cabecera de la playa de Las Teresitas conocida popularmente como "mamotreto" sigue elevando la tensión del pacto de gobierno que mantienen Coalición Canaria y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, tal y como quedó reflejado en la comisión de control de ayer, donde ambas formaciones mantuvieron razonamientos completamente opuestos al tiempo que trataban de defender que no existían discrepancias.

Así, mientras que el actual concejal de Urbanismo y miembro del PSOE, José Ángel Martín, manifestó en varias ocasiones que "no se puede mantener algo ilegal, diga quien lo diga", su compañero en el Gobierno, el concejal de Obras y Servicios Públicos de CC, Dámaso Arteaga, daba a conocer el plan ideado por el ayuntamiento para dar solución al encauzamiento del barranco de El Cercado de San Andrés, que se basa en la continuidad de dicho edificio, asegurando que "es la solución más eficiente porque cuesta menos y tiene todos los permisos".

"Lo que en estos momentos está construido no invade dominio público sino zona de servidumbre y con eso sería suficiente para realizar este proyecto, así nos lo ha hecho saber Costas. Si el edificio de aparcamientos continuara costaría cinco millones de euros ejecutar esta obra necesaria para San Andrés, pero si se demoliera serían 1,6 millones más", aclaró Arteaga, justo después de que Martín asegurara a los partidos de la oposición que "el mamotreto no es imprescindible para el barranco y eso no lo dice un informe sino el sentido común".

"La sentencia dice que el mamotreto es ilegal e ilegalizable y no se va a hacer ninguna obra allí. Incluso aunque Costas quisiera hacer algo la Gerencia de Urbanismo lo pararía inmediatamente. La sentencia es contundente y no se puede obviar", declaró el edil de Urbanismo, que recalcó en varias ocasiones que "se va a restaurar la legalidad conculcada y para ello se han pedido todos los informes necesarios a la Cotmac y a Costas. Habrá un informe que determinará quién es el órgano competente para la demolición porque incluso puede que sea la Agencia de Protección del Medio Urbano por tratarse de un inmueble ilegal y no el ayuntamiento".

No obstante, y pese a que Martín se mostró en todo momento relajado, sonriente e incluso mantuvo una amigable conversación entre susurros con Arteaga durante la intervención de los partidos de la oposición, que no salían de su asombro ante lo que estaban escuchando, lanzó un aviso a quien quisiera oírlo: "Ya no hay discusión política sobre el futuro del mamotreto, diga lo que diga Costas o cualquier otra persona o institución, y aviso de que quien lo lleve a ese ámbito está tomando un camino muy peligroso".

Haciendo oídos sordos a esta advertencia y también ajeno a las críticas de Ciudadanos de Santa Cruz, Sí Se Puede, Por Tenerife e incluso el PP, que calificaban de "surrealista" el comportamiento de los que se presuponen socios de gobierno, Arteaga prosiguió con su defensa del proyecto, que se basa en la continuidad de la citada estructura asegurando que "todos los problemas se resolverían".

"Las obras se paralizaron, pero el problema del encauzamiento del barranco de El Cercado sigue estando ahí y hay una concesión para hacer esas obras. Lo que se ha hecho es solicitar a Costas la actualización de ese proyecto. Costas nos mandó primero un documento con sus condiciones para el encauzamiento del barranco y entre ellas aclaraba que la solución del puente ha de ser la misma o similar al proyecto de remodelación de Las Teresitas. Nosotros lo aceptamos y en la concesión que nos dio en noviembre de 2012 insiste en que las obras que se otorgan son las incluidas en el proyecto de 2003. Solo se nos permite hacer eso", relató.

Y eso después de que Martín acabara de explicar que "será el Plan Especial de Las Teresitas, y solo ese plan, el que determinará cómo encauzar los barrancos".