Diez personas (cuatro de ellas, menores) de tres núcleos familiares viven, desde hace siete años, en un piso de tres habitaciones del barrio de Santa Clara. "Me asomo y lo primero que veo es mi casa", dice una de ellas, Eva Cristina, que, con sus cuatro hijos, espera desde hace un año a que Viviendas Municipales le entregue las llaves de la casa que, en segunda adjudicación, le correspondió -después de 24 años de estar inscrita como peticionaria- y que está justo enfrente del lugar en el que habita actualmente.

El 27 de marzo del año pasado fue cuando le notificaron que tenía su casa, pero le dejaron claro que "tengo prohibido tocar en la puerta hasta que ellos (el ayuntamiento) me avisen". La causa es que en la vivienda hay una okupa, una mujer que "antes tenía a su hijo con ella, pero el niño se fue con el padre".

Eva Cristina cobra 100 euros por desempleo y la manutención que recibe del progenitor de sus hijos. Eso se completa, para ella y para el resto de la decena de personas que están junto a ella, "con los 357 euros de pensión que cobra mi padre". Además, hay un habitante número 11, su hermano esquizofrénico, "que tiene que ir rotando por la familia porque no puede permanecer mucho tiempo en un mismo lugar".

La espera de un año está minando "la salud y la moral" de todos los moradores de este piso. "Salir a la calle y ver que mis hijos y yo tenemos nuestra casa con tres habitaciones ahí enfrente, que podemos aliviar la situación en esta vivienda dejando más holgadas a seis personas más y que no vea una solución rápida está acabando conmigo", asegura Eva Cristina.

La respuesta que recibe de la administración municipal es que "estamos negociando con ella (la okupa)". En noviembre pidió una cita para abordar su situación y la única respuesta que obtuvo fue del alcalde, "quien en una conversación que sostuvimos en Facebook me aseguró que si no es esta, me tienen que dar otra casa". Mientras tanto, "nosotros haciendo colas ante la puerta del baño, durmiendo en un recibidor pequeño y sufriendo".

La casa de Eva Cristina es una de las que el CCN fotografió, en septiembre de 2012, para demostrar que en el municipio había viviendas sociales tapiadas, "algo que desconocía el gobierno municipal. Eran unas 50, todas con okupas". Ignacio González, candidato a la Alcaldía, insiste en reclamar "que le den prioridad a la gente".