El nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pasará de atender a 900 usuarios a 1.200 una vez que se ponga en funcionamiento el próximo mes de julio. Así lo confirmó ayer la concejal de Atención Social, Alicia Álvarez, durante la presentación del pliego de condiciones previsto para la convocatoria del concurso que está previsto que se saque la próxima semana.

"Hemos aprovechado que recuperamos este servicio para aumentar el presupuesto en algo más de 300.000 euros y conseguir que llegue aún a más usuarios de los que ya tenemos. Ahora mismo contamos con poco más de 900 y aspiramos a alcanzar los 1.200", manifestó Alicia Álvarez, para quien "lo más importante no solo es llegar a más beneficiarios sino, sobre todo, ampliar la cobertura de servicios, porque hay personas que solo necesitan cierta supervisión, mientras que otros requieren un apoyo diario para prácticamente todo".

Con este aumento en el número de beneficiarios la responsable municipal aseguró que "se cubrirá toda la demanda".

Así, el consistorio capitalino estima que en poco más de quince días las empresas interesadas en hacerse con la gestión del servicio ya habrán presentado sus propuestas y comenzarán a ser valoradas hasta que se produzca la adjudicación definitiva a finales del mes de junio o comienzos de julio.

"La próxima semana esperamos que el pliego de condiciones salga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, a partir de ahí, las empresas interesadas tendrán un plazo de ocho días para presentar sus ofertas. Nos consta que es un contrato que les resulta muy interesante porque tiene un presupuesto de 4,3 millones de euros al año", abundó la concejal de Servicios Sociales.

Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, insistió que con la convocatoria del concurso público para adjudicar este servicio se daba cumplimiento al compromiso adquirido no solo con los usuarios del mismo sino también con las extrabajadoras de la Cooperativa Mararía.

"En un momento en el que se cuestionan las competencias municipales sobre los servicios sociales, aquí se está apostando de forma clara y valiente por ellos, con independencia de lo que nos diga el Gobierno central", manifestó Bermúdez, que reconoció que los cambios legales que prevé el Ejecutivo estatal han sido el motivo por el que el servicio no se va a adjudicar por una década, como era el deseo de su equipo de gobierno, sino solo hasta el 31 de diciembre de 2015, prorrogable por año y medio más.

"Si mañana o pasado el Estado o un tribunal nos dice que esta competencia no es nuestra, ya veremos qué hacemos, pero ahora teníamos que dar respuestas", concluyó.