La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Santa Cruz, Carmen Serrano, fijó ayer para el próximo 17 de septiembre el inicio del juicio oral que determinará la titularidad de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas y, por lo tanto, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha de compensar con más de 70 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT) por no haber podido ejecutar su proyecto de construcción hotelera o si, por el contrario, es este grupo empresarial es el que debe devolver los 52 millones de euros que pagó en 2001 por la compra de la playa más los correspondientes intereses.

La magistrada marcó dicha fecha después de que concluyera la audiencia preliminar en la que ambas partes pugnaron insistentemente por hacer valer sus informes, peritos y testigos.

No obstante, la jueza apenas aceptó ninguna de las propuestas realizadas por los representantes legales de ILT, negándole presentar nuevos informes y documentos, mientras que dio luz verde a todas las presentadas por el letrado de la Gerencia de Urbanismo.

Así, la audiencia previa incluso estuvo a punto de volver a suspenderse cuando el ayuntamiento presentó como hecho nuevo la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medioambiente de Canarias (Cotmac), pese a que este aún no ha sido publicado oficialmente.

Para la abogada de ILT, Luz María Socas, este nuevo documento debía de ser analizado en profundidad por su equipo jurídico por si de él se desprendiese algún cambio en las fincas afectadas por la compra-venta y, por lo tanto, que pudieran tener alguna consecuencia en el proceso judicial. Sin embargo, la magistrada no solo no consideró que fuera necesario una nueva suspensión por ese motivo sino que además admitió un plano elaborado por el ayuntamiento capitalino en el que se explica gráficamente el estado de la parcela que se debería de restituir tanto en 2001 como en la actualidad, acreditando que a penas ha habido cambios.

Sin embargo, quizás el mayor revés para ILT fue que la magistrada no aceptase la solicitud de reconocimiento de falta de legitimación de los representantes legales del ayuntamiento, basada en que el título habilitante y los informes jurídicos para tal fin admiten que la restitución de los terrenos es imposible, mientras que es precisamente esa la pretensión de los letrados.

Tras obtener la negativa de la jueza, Luz María Socas, avisó de que se reservaba todas las acciones legales que pudieran asistirle contra los responsables de una posible "estafa procesal", ya que, en su opinión "se está intentando formalizar un trámite sin consistencia y proponer una solución para la que no están capacitados legalmente".

Devoluciones y compensaciones para todos

El objeto de esta causa civil que enfrenta al Inversiones Las Teresitas (ILT) y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es lograr la ejecución de la sentencia de mayo de 2007 por la que el Tribunal Supremo anuló la compraventa del frente de playa.

En concreto, ILT reclama a la justicia que el Ayuntamiento de Santa Cruz no solo no debe recuperar los 52,5 millones de euros que en su día pagó sino que, además, debe abonar a los empresarios hasta 4,3 millones de euros en concepto de intereses por la diferencia entre el precio y el valor del aprovechamiento urbanístico y entre 15,2 y 9,5 en concepto de compensación por gastos y perjuicios.

"Reclamamos que se han vendido de buena fe unos terrenos donde había nueve parcelas hoteleras y dos comerciales y que, por culpa del ayuntamiento, estos empresarios se han visto en un embrollo. Había unos derechos adquiridos y han de ser resarcidos por ello. Es lógico, porque si yo entrego dos parcelas comerciales y dos hoteleras tú no me puedes dar suelo público para después meterme en un procedimiento de expropiación. Sería un fraude de ley y en eso nos basaremos", detalló la abogada de ILT, Luz María Sosa en el inicio de la audiencia previa.

Por su parte, el ayuntamiento, representado por el letrado Ruymán Torres aboga exclusivamente por restituir los terrenos y que ILT devuelva los 52 millones que pagó por ellos además de 22 millones de euros correspondientes a los correspondientes intereses.

Además, el abogado dejó claro en varias ocasiones que si el ayuntamiento debe restituir las parcelas se deben dejar fuera las correspondientes al dominio público marítimo-terrestre porque no fue objeto de la compraventa, aunque se elevara al Registro de la Propiedad.

Es decir que si ILT gana el pleito recibirá se quedaría con los 52 millones que el ayuntamiento pagó y recibiría otros 20 en compensaciones, mientras que si el que gana es el consistorio recuperaría los 52 millones más otros 22 en materia de intereses.