El grupo de gobierno compuesto por Coalición Canaria y el Partido Socialista hizo valer ayer su mayoría para aprobar por sorpresa, y por la vía de urgencia, la modificación del sistema de pago a la empresa de transporte Titsa, para que perciba por adelantado todas las mensualidades correspondientes a la prestación del servicio en el municipio, que en conjunto suponen entre 14 y 19 millones de euros al año.
Los partidos de la oposición no salían de su asombro cuando el alcalde -que tampoco debía de estar al tanto de que este tema se iba a incluir en el pleno, porque se lo recordó el secretario cuando pasaba de un punto a otro- anunció la inclusión por la vía de urgencia del cambio de financiación.
"Que alguien nos explique cuál es la urgencia de aprobar esta modificación cuando se trató en comisión hace un mes y medio y de forma muy polémica", reclamó la concejal de Sí se Puede (SSP), Asunción Frías, al tiempo que el edil de Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explicaba que no se había incluido en el orden del día por un error de Secretaría, a lo que el propio secretario puntualizó que no era así sino que no había llegado a tiempo a la Junta de Portavoces, aunque eso no suponía ninguna tacha legal.
"Señor secretario, antes le pregunté que cuáles eran las cuestiones que estaban fuera del orden del día y esta no me la dijo", aseguró indignado el también concejal de SSP Pedro Fernández Arcila.
Superado por la crispación que se creó en escasos segundos y con la oposición gesticulando y vociferando en contra de las pretensiones de su gobierno y amenazando con irse, el alcalde, José Manuel Bermúdez, preguntó tajantemente a los ediles de Hacienda y Servicios que si la no aprobación de este punto podría tener alguna consecuencia económica para las arcas municipales, respondiendo ambos que sí, por lo que sometió a votación la urgencia de la cuestión para incluirla en la orden del día, aprobándose solo con los votos a favor del equipo de gobierno.
"Se trata de cambiar el sistema de pago de tal manera que se le adelanta el dinero a Titsa para que disponga de él por los problemas de liquidez que tiene para sostener el servicio, al tiempo que eso nos genera una bonificación el 1%", detalló Arteaga, a lo que el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, apostilló que eso supondría un ahorro de 12.000 euros al mes.
Sin poder tener acceso al expediente, la oposición al completo puso el grito en el cielo, empezando por el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, que aseguró que "lo que se está decidiendo es que el Cabildo detraiga el dinero que le parezca y que después el ayuntamiento vea".
"¿Por qué se tiene que aprobar esto con esta nocturnidad y alevosía cuando es un convenio de 14 millones de euros?", cuestionó el edil de Por Tenerife, José Manuel Corrales, justo antes de que Fernández Arcila acusara al gobierno de "cometer una gran trampa de incalculables consecuencias", recordando que el convenio con Tista supone el 10% del presupuesto municipal.
Desde el PP, Zaida González, criticó las formas, pero sobre todo el fondo. "Traen esto aquí de esta manera, sin que obre ningún informe y cuando ni siquiera tenemos claro ni cuál es la deuda con Titsa ni cuánto se le paga ni cómo ni nada", dijo.
Tras escuchar cómo Arteaga y Bernabé insistían en su discurso de la necesidad de aprobar la modificación sin introducir ningún cambio, y justo antes de la votación, los cuatro grupos de la oposición abandonaron el salón de plenos en señal de protesta. No obstante, la iniciativa se aprobó con los votos de nacionalistas y socialistas, aunque ninguno de estos últimos tomó la palabra.
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, anunció ayer que la nueva Ley de Telecomunicaciones "deja prácticamente sin efecto el plan de antenas en el que trabaja la corporación desde hace tres años".
Durante un debate propuesto por la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía Móvil, el edil aseguró que "las compañías se podrán instalar donde quieran y como quieran porque pasa de considerarse una actividad clasificada a una inocua y este el planteamiento completamente opuesto al que mantiene el ayuntamiento".
Y es que el consistorio tenía previsto aprobar a finales del verano un plan de antenas de telefonía móvil en el que se regulariza todo el sector y se definen las condiciones y lugares para la instalación de estas antenas pero ayer Martín reconoció "que la nueva normativa puede dejar sin valor alguno esa normativa".