César Casariego es una urbanización de 576 viviendas repartidas en bloques, encontrándose en su plaza interior un inmueble en mal estado, del cual el consejero-director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, firmó un informe en el que se insta a los vecinos a correr con los gastos de su reforma. El presupuesto asciende a 700 euros por vivienda, lo que sumaría un total de 403.200 euros. Sin embargo, los propietarios no están dispuestos a pagar.

El citado inmueble fue utilizado durante muchos años como un almacén de ropa por parte de Modas Elle, según los vecinos, quienes también afirman que "se supone que tendrá un propietario que lo habrá disfrutado o alquilado, no se sabe quién es. Pero pretenden que se haga una derrama y ese inmueble sea reparado por los vecinos. Según las escrituras, cada propietario tiene obligación de reparar su bloque, pero por esa regla de tres si a un vecino de 5 o 6 bloques más allá se le rompe un balcón es deber de todos los vecinos arreglarlo".

La perplejidad de los vecinos pasa por la independencia de estos locales con respecto a los edificios, además dicen que "si se ha estado alquilando ¿quién se ha beneficiado de ese dinero? Nosotros, no. Si lo que se está es adjudicando la propiedad del inmueble a los vecinos de César Casariego, se supone que la explotación económica del mismo tendría que habernos beneficiado de alguna forma durante años y no fue así".

En la notificación de resolución que se hizo entrega a los afectados viene reflejada su responsabilidad subsidiaria citando el Plan General de Ordenación Urbana de 1992, donde se refleja que "los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo". Además, explican que "si la propiedad fuera de ellos, en las contribuciones y escrituras que poseemos figuraría nuestra responsabilidad sobre los locales y no es así".

En el texto referido, además, aparece como cuarto fundamento de derecho para el dictamen, que según el artículo 45 de la Ordenanza Municipal en relación con lo dispuesto en el artículo 157.3 de la misma norma, se contempla la "imposición de hasta 10 multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las obras ". Este hecho los vecinos lo interpretan como una coacción por parte del ayuntamiento.

Todos los propietarios muestran su disconformidad con el asunto, "somos gente pensionista, muy mayor y jubilados, no podemos hacer frente a este gasto".