El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, aclaró ayer que ha habido una "mala interpretación" del informe que obliga a los vecinos de César Casariego a pagar 700 euros para la mejora de un local de la zona, puesto que "se trata de 700 euros entre los 56 vecinos y no por parte de cada uno de ellos, lo que supondría más de 400.000 euros". "La comunidad dice que ese local no es de ellos, pero en Urbanismo figura que sí; si ellos dicen que hay otro propietario, lo vamos a buscar, pero no nos consta. Si efectivamente existe, será a él al que le obligaremos a llevar a cabo esta inversión, pero, en cualquier caso, se trata de una derrama de 700 euros si se realizan las obras de mejora para garantizar la seguridad y seiscientos y pico si solo se toman medidas preventivas", insistió Martín.
