La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife emitió el jueves un auto en el que ordena que un ingeniero de caminos, canales y puertos elabore un informe pericial sobre los riesgos que la obra portuaria en la desembocadura del barranco de El Bufadero pueden tener sobre las personas y los bienes del pueblo de María Jiménez.

El auto pide concretamente que se informe sobre las repercusiones que la cubrición de este tramo del barranco ocasiona a su función natural de desagüe hacia el mar del agua de lluvia y de sus arrastres, así como si la obra tuvo alguna relación con los graves daños materiales ocasionados en María Jiménez tras las fuertes lluvias de febrero de 2010.

Con esta acción judicial, la Audiencia Provincial hace suya la postura mantenida por Sí Se Puede (SSP) en relación con esta obra, y defendida por Pedro Fernández Arcila, concejal de la organización en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que el pasado mes de octubre pidió al Pleno municipal que se encargara con carácter de urgencia un informe sobre esta obra, realizada sin tener en cuenta los más elementales criterios de precaución en relación con el acarreo de aguas y de otros materiales en las desembocaduras de los cauces, siendo rechazada.

La Audiencia Provincial tienerfeña ha tomado esta decisión después de que el juzgado de instrucción archivara una denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente, que a su vez se basó en una denuncia previa del propio Arcila. Tras el citado archivo, la Fiscalía recurrió a la Audiencia con el apoyo del concejal como parte denunciante, y ahora este órgano judicial suscribe íntegramente las tesis de Sí se puede sobre la necesidad de elaborar el citado informe.

Cabe recordar que la naturaleza de este tramo final del cauce y la presencia de esta obra han motivado que el Consejo Insular de Aguas haya incluido a María Jiménez dentro de las denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en su documento "Evaluación preliminar de riesgos de inundación en la demarcación de Tenerife".

Este documento considera el tramo final del barranco de El Bufadero como potencialmente inundable y con alto riesgo de inundación.